La enseñanza plantea un decálogo a Junta y Ayuntamiento para mejorar los colegios

La Junta de Personal Docente de Enseñanza No Universitaria de León ha manifestado tras su pleno ordinario del pasado jueves 30 de mayo su «profunda preocupación» por la situación que presentan algunos centros educativos públicos de la provincia de León.

Aseguran que las «carencias e infraestructuras deficientes» dificultan el desarrollo adecuado de las actividades educativas y denuncian «la inacción de las distintas Administraciones» en la solución de las mismas.

Para la Junta de Personal Docente las administraciones «no pueden eludir su responsabilidad» en la mejora y mantenimiento de las infraestructuras educativas y «no deberían utilizar este tema» como un elemento político «partidista», situando al alumnado y al profesorado «en medio de este fuego cruzado».

Entre sus demandas, se encuentra afrontar «de forma inmediata» las reparaciones de los centros, y se centran la importancia de la sustitución de las cubiertas que contengan amianto (uralita) por suponer un riesgo para la salud en caso de fragmentación o deterioro.

Hacen hincapié en la modernización de las infraestructuras, implementando la accesibilidad y facilitando un entorno seguro, así como de la importancia de realizar evaluaciones periódicas de las condiciones de los centros. Instan también a crear una mesa de trabajo conjunta con representación de todas las partes implicadas (Junta de Castilla y León, Ayuntamientos, Diputación y representantes docentes) para coordinar las acciones.

También incluyen la asignación de fondos específicos y suficientes en los presupuestos anuales de las distintas administraciones para la financiación de los proyectos de mejora de las infraestructuras educativas, así como fomentar la transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos destinados a la mejora de los colegios.

Las otras dos resoluciones aprobadas tratan sobre las mejoras de las condiciones laborales del profesorado, reduciendo los ratios de alumnos por aula y aumentando las retribuciones del personal docente, y la tercera insta a la Dirección Provincial a dotar de transparencia al proceso de adjudicación de presupuestos a los centros educativos.

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