La enredadera de la corrupción en León: las empresas investigadas comenzaron su crecimiento en 2010

La enredadera, según ha trascendido desde la investigación, plantó sus raíces en 2010. Fue entonces cuando una docena de empresas comenzaron a crecer alimentadas por sospechosos contratos vinculados esencialmente al control y gestión del tráfico en las ciudades, pero también a contratos de obra para la construcción y mejora de parques infantiles o instalaciones deportivas.

Las sospechas de amaños, de compra de voluntades, alertó a los agentes de la conocida Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, un grupo especializado en el rastreo de delitos considerados hasta hace bien poco de 'guante blanco', esos en los que la violencia solo recorre los circuitos de los ordenadores, pero que corrompen voluntades de una forma alarmante.

Los argumentos para la investigación fueron lo suficientemente sólidos como para que la Fiscalía Anticorrupción diera traslado y se ordenara la intervención de los teléfonos de los principales implicados en la causa hoy abierta y bajo secreto. Fueron semanas de escuchas las que llevaron a una conclusión final: había que intervenir para segar la enredadera y secar sus raíces. De los audios se concluiría que el cabecilla de la trama era el empresario leonés José Luis Ulibarri, también imputado en la trama Gürtel y conocido por el uso 'pretoriano' que realiza de su propio grupo de comunicación que abarca desde la televisión de Castilla y León hasta media docena de cabeceras en papel y emisoras de radio. El empresario burgalés, muy arraigado en León, siempre ha sabido armarse con el poder de la prensa, tanto que su álbum fotográfico le sitúa al lado de los principales políticos de una comunidad en la que siempre ha encontrado sustento para sus negocios. Para el juez su presencia es el eje de la trama, el punto sobre el que todo giraba.

De las escuchas se concluiría que él comprometía apoyo mediático y cobertura para que las doce empresas hoy bajo la lupa tuvieran más fácil acceso a los contratos, para que el camino fuera más liso en las administraciones locales. Las evidencias llevaron al juez a decretar su ingreso en prisión incondicional y sin fianza tras una extensa toma de declaración que destilaba antes de formalizar la acusación de posibles delitos de prevaricación administrativa, fraude en la administración pública, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, falsedad documental, y cohecho, entre otros.

Junto al empresario, la lista de imputados era extensa. En ella está su mano derecha, Miguel Hernán Manovel, en el que destaca su papel como intermediador en los negocios de su jefe, y uno de sus socios, Ángel Luis García Martín 'El Patatero', bien conocido en la localidad leonesa de Astorga por su estrecha vinculación a un histórico de la prensa local, El Faro Astorgano. Para el primero, el juez decretaría libertad con cargos y medidas cautelares. Para el segundo, prisión incondicional y sin fianza.

Entre las ramas de la enredadera de esta trama se han situado personajes un tanto 'desconcertantes'. Sadat Maraña, por ejemplo. Él fue presidente provincial de Ciudadanos, pero dimitió de ese puesto tras comprobarse que su titulación de ADE por la Universidad de León en realidad era un 'bluf'. Hubo un tiempo en el que Maraña, un personaje de verbo fácil, cotizaba al alza en la formación naranja hasta el punto de apuntarse su nombre en la cabeza de las listas nacionales.

Sin embargo, su error de anunciar un título universitario que realmente nunca tuvo le hizo refugiarse en la Diputación Provincial de León. Allí fue contratado por Juan Carlos Fernández, diputado provincial de Ciudadanos y concejal en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.

De ese núcleo duro de la operación', en el que también figura Juan Simón el exconcejal socialista y empleado de 'El Patatero' para cuya empresa –Agema– actuaba como delegado en la zona norte, colgaban otras ramificaciones que ahora se encuentran bajo investigación.

El pasado martes, día 3, de forma coordinada se desplegaron efectivos judiciales y policiales en los ayuntamientos de León y Palencia; así como en las localidades de Astorga, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre y Villarejo de Órbigo.

En sus registros se buscaba documentación que vinculara a la empresa Aplicaciones Gespol (SL) y once más con este caso porque el juez tiene la sospecha razonada de que se alteraban mediciones y registros de tráfico que facilitaban su entrada y acceso a los concursos abiertos para este tipo de gestiones y otras de carácter público.

Tal es así que, en León capital y en Astorga, se mantienen abiertas en los Juzgados dos piezas separadas cuyo alcance final aún se desconoce. Hoy, con certeza, se sabe que la enredadera de la corrupción no dejó de crecer aprovechándose de los buenos contactos mediáticos que desde la raíz alcanzaban a PP, PSOE y Ciudadanos. Los tres partidos ya han anunciado su firme determinación de expulsar a los cargos que ya figuran como 'investigados' .

Mientras los alcaldes de Astorga, San Andrés, Villarejo y Villaquilambre, sus compañeros de corporación interrogados y algunos técnicos municipales han regresado a su «día a día» con normalidad. En el Ayuntamiento de León queda el celo pegado a las puertas de los precintos de la Policía Nacional, síntoma que en este caso aún no todo está cerrado.

■ QUIÉN ES QUIÉN

• En la cárcel:

- José Luis Ulibarri. Empresario. El empresario burgalés, muy vinculado a León, era presuntamente el conseguidor de las mordidas.

- Ángel Luis García Martín. Empresario de Astorga. El empresario maragato, vinculado al periódico El Faro Astorgano, es titular del Grupo Agema y socio de Ulibarri.

• En libertad con cargos:

Después de declarar el jueves en Badalona, el juez los dejó la libertad, con medidas cautelares como la obligación de entregar su pasaporte y personarse periódicamente ante un juzgado.

- Miguel Hernán Manovel. Mano derecha de Ulibarri. Secretario del Consejo de Administración de UFC S.A., del Grupo Begar de Ulibarri.

- Juan Carlos Fernández. Diputado de Ciudadanos. Diputado provincial y concejal de la formación naranja en San Andrés del Rabanedo.

- Sadat Maraña. Asesor de Ciudadanos. Consejero y secretario de UFC y asesor de Ciudadanos en la Diputación de León.

- Juan José Simón. Exconcejal del PSOE. Delegado en el Norte del Grupo Agema y exconcejal del PSOE en Astorga.

• En libertad con cargos (pieza separada de Astorga):

- Arsenio García (PP). Astorga. Alcalde. Investigado por supuestamente amañar los contratos de semáforos y parques.

- Pablo Peyuca (PAL). Astorga. Teniente de alcalde. Concejal portavoz del PAL, de Comercio e Industria y del Motor.

- Manuel Ortiz (PP) Astorga. Concejal. Catedrático de Física y Química en el IES Astorga. Portavoz popular hasta 2004.

- Javier Guzmán (PP). Astorga. Concejal. Presidente de NNGG Astorga y miembro de la Junta local del PP como Tesorero.

- Joaquín Llamas (PSOE). Villarejo de Órbigo. Alcalde. Diputado socialista y tiene estudios de técnico de Turismo.

• En libertad:

- María Eugenia Gancedo. Alcaldesa de San Andrés de Rabanedo. Del PSOE, alcaldesa desde 2008 a 2011 y desde mayo de 2015 a la actualidad.

- Francisco Gómez. Concejal de San Andrés de Rabanedo. Desde el 2007 es concejal en la oposición del Grupo Municipal PAL-UL.

- Manuel García. Alcalde de Villaquilambre. Del Partido Popular, es hijo del primer alcalde de la democracia de la localidad y procurador en las Cortes

- Mónica Varón Portavoz de Villaquilambre. Del Partido Popular, es también concejala de Personal,Interior yParticipación Ciudadana y Residuos Urbanos.

- Miguel Ángel Florez. Teniente de alcalde de San Andrés de Rabanedo. Secretario de Juntas vecinales y teniente de alcalde socialista de San Andrés.

- Santiago Blanco Sacristán. Concejal de San Andrés de Rabanedo. Secretario socialista de Política Municipal.