Dos años de la ley de la Eutanasia en León: seis solicitudes y sólo dos se llevaron a cabo

Una evaluación realizada por la Asociación Derecho a Morir Dignamente que analizó el primer año de la implantación de esta ley en España. La LoRE marcaba un periodo bastante ajustado tanto para legislar como para organizar la prestación de ayuda para morir. Por el lado contrario, algunas comunidades, como Cataluña y Euskadi, habían empezado a trabajar en algunos de estos aspectos incluso antes de la entrada en vigor de la norma.

Castilla y León está a la cola en estas aprobaciones y se sitúa con el 29,41% de informes positivos solo por delante de Galicia (21%). En regiones como Asturias, Baleares o Cantabria aprueban más del 75% de sus expedientes.

En dos años de vigencia de la ley, que se cumplen este domingo 25 de junio, se han registrado en la provincia leonesa seis solicitudes. De ellas, tan sólo dos personas pudieron llevar a cabo su deseo de morir dignamente por esta ley. Otras dos peticiones fueron denegadas, aunque debido a la protección de los datos personales no ha sido facilitado el caso concreto ni los motivos.

Finalmente, las otras dos solicitudes corresponden a dos personas que fallecieron por su enfermedad antes de que hubiera una resolución, independientemente de su resulta. Dos casos que ponen de manifiesto la complicación de los trámites a realizar para llevar a cabo la solicitud.

Además, tal y como ha podido conocer leonoticias, en estos momentos hay una solicitud en curso. La relación entre solicitudes de eutanasia y fallecimientos muestra una gran variabilidad y, por las características del propio proceso, su interpretación es más compleja: pedir ayuda para morir supone un trámite relativamente largo.

La Asociación Derecho a Morir Dignamente realizó un detallado estudios, por comunidades autónomas, sobre el primer año de la LoRe, todavía no se ha hecho público el segundo estudio. En ese trabajo se deja ver que los criterios «políticos» en Castilla y León fueron de los peor valorados del estudio: Mínimo esfuerzo de difusión de la ley, en el proceso de solicitud se introdujo la exigencia de un informe de cuidados de enfermería que no se menciona en la LoRE, no se modificó el modelo de testamento vital y no se ofrecía información personalizada a la población.

Además, la persona que fue nombrada para la vicepresidencia se había reconocido pública y reiteradamente contraria a la eutanasia y firmó e hizo pública su inscripción en el registro de objetores. Al menos otras dos de las personas nombradas no cumplían lo prescrito en la normativa aplicable.

El sistema de registro en la comunidad cumple las exigencias de discreción, pero resulta demasiado farragoso para el personal implicado y durante el periodo de evaluación no se aplica un criterio común en el manejo de la objeción de conciencia, aunque se estaba elaborando un protocolo.