La UCO asegura que la Diputación de León pagaba sin contrato a los diarios de la operación Púnica

El presidente del tribunal, el juez Francisco Vieira, accedió entonces a lo solicitado por la representación de los acusados optando por «garantizar al máximo el derecho de defensa» y que no haya «ninguna duda» respecto del procedimiento.

En la reanudación de las sesiones ha prestado declaración en primer lugar el instructor policial de la causa, en este caso a cargo de la policía judicial de la Guardia Civil. El instructor, teniente Unidad Central Operativa (UCO) del citado cuerpo, recordó que el operativo se puso en marcha tras una advertencia procedente de Suiza por una sospecha de blanqueo que apuntaba inicialmente a un cargo público, Francisco Granados, además de un empresario, David Marjaliza.

En la acción investigadora los agentes apuntaron que David Marjaliza estaba especialmente vinculado a actividades relacionadas con la construcción y gestión de colegios privados y contratos de eficiencia energética. Contactos que se extendieron al exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa y sus vínculos con el empresario Alejandro de Pedro.

El declarante remarcó en su declaración que las conversaciones apuntaban a cómo obtener ventajas económicas en adjudicaciones y 'liberar' en las mismas partidas comisionadas. Igualmente remarcó la actividad de Alejandro de Pedro, vinculada a la 'reputación online', clave en esta causa.

En la intervención de las llamadas telefónicas se advierte, según el testigo, de que la interinidad de determinadas personas en la Diputación de León y en Murcia se daban situaciones propicias para su presencia. Así el agente de la UCO ha remarcado que se deducía que «Marcos Martinez necesitaba consolidarse en su puesto como presidente del PP», un dato que sin embargo no coincide con la realidad ya que entonces Marcos Martínez no era presidente del Partido Popular en León. Todo ello, ha advertido, además de «mejorar su reconocimiento online».

Esos servicios online no se adjudicaban mediante contrato público sino, según ha asegurado, mediante otros ingresos destinados a abonar los servicios de las empresas Eico y Madiva.

El agente de la UCO ha relatado que «durante la intervención telefónica y en la línea de los servicios de reputación online se evidenció que José Antonio Alonso había visto una oportunidad de negocio en las estaciones de esquí». De ahí que acudieran a una empresa del sector para conseguir los contratos de cafetería y actividades de ocio en la estación de San Isidro, en León. Un objetivo que, según ha relatado, con posterioridad tendría que ser presentado como «logros políticos» de Marcos Martínez.

Además ha recordado que Madiva obtenía ingresos a través de los fondos de la Diputación de León destinados a Prensa, todo ello con el objetivo de lanzar noticias positivas (en su día a favor de Isabel Carrasco) con el fin de aparecer en los primeros puestos de los buscadores por encima de las noticias negativas (lo que el agente ha denominado «crisis informativas».

Los periódicos de Mavida, en el caso de León, eran diarios 'zombies' y los perfiles de redes sociales 'boots' que lo único que pretendían era ofrecer ese 'lavado de cara' a nivel político, una actividad que se sufragaba a través de banners en los blogs. Los pagos se hacían con cargo a la acción de Prensa de la institución, sin que constaran datos de tráfico en la red ni nada similar.

Durante el desarrollo de la primera sesión en el reinicio de la causa el juez ha interesado conocer si la UCO comprobó la publicidad de los diarios durante todas las jornadas a un día en concreto, ratificándose que la misma solo se certificó de forma puntual en una jornada.

Los pagos se hacían «mes a mes» sin presencia de contrato previo y por campañas institucionales de la propia Diputación. Todo ello de acuerdo con un «plan editorial» que se ampliaba según las necesidades de los empresarios incluso con partidas de 6.000 eruso que se entregaron como «asesoramiento político» pero finalmente se pagó con Gersul y Ecoembes.

El agente ha insistido además en que De Pedro y José Antonio Alonso ofrecieron contactos a Marcos Martínez durante la convención del PP en Murcia para conseguir que este último «se consolidara como PP de León», incidiendo en un cargo el agente que el acusado nunca ocupó y no tenía en ese momento.

El vínculo de la Púnica con la estación de San Isidro llega durante una visita de José Antonio Alonso a León, en la que circunstancialmente visitó la estación. El agente de la UCO ha recordado que Marcos Martínez facilitó los pliegos de contratación a los investigados para que modificaran los mismos y se reicieran 'ad hoc'.

Marcos Martínez, según el agente, de manera «inequívoca» proporcionó los pliegos con el fin de que fuera Madiva la adjudicataria final de las estaciones de esquí. «Los nombres de las empresas le llegaron directamente a Marcos Martínez quien los derivó a los servicios de contratación», ha indicado.

Durante la declaración del agente de la UCO se ha hecho referencia a Manuel Jesús López Sánchez, entonces interventor de la Diputación Provincial de León.

En esa línea se han remarcado las conversaciones de Manuel Jesús Sánchez con Alejandro de Pedro «directamente para facturar las actividades» de San Isidro recordando los intereses turísticos (alojamientos) que el funcionario tenía en la zona.

Igualmente el agente investigador ha recordado que otro de los imputados de la cauta, Pedro Vicente Sánchez, hoy alcalde de Puebla de Lillo era «la persona de confianza del presidente de la Diputación».

Era él y no otra persona, ha remarcado, quien «recibía de forma directa las facturas de los diarios digitales» y trasladaba las facturas al gabinete de prensa para su abono.

Iguamente se ha remarcado que Madiva quería contratar periodistas para sus diarios digitales principalmente «becarios y no profesionales» que cobraran en el entorno de 400 euros.