La Diputación insta a la Junta a reabrir los consultorios rurales y remarca que «sabemos que algo está pasando»

«Una moción que refleja el sentir de toda la corporación, que buscamos no perder servicios y que la vida en el mundo rural no sea peor», aseguraba el popular Francisco Castañón. También intervenía la portavoz de Ciudadanos, con un texto leído, en el que hacía alusión al estado de alarma y las medidas tomadas por la Junta de Castilla y León y publicadas en el BOE.

Pronto se sirvió el debate con la intervención de Matías Llorente, portavoz de UPL y Nicanor Sen, del partido Socialista. Ambos coincidieron que los consultorios no están cerrados «y sabemos que la Junta no los cerrará, porque no puede», alegaba Sen explicando que son propiedad de los Ayuntamientos de cada localidad. Pero remarcaba que «la consejería no puede cerrar los consultorios, pero el cierre se refiere a que no va un profesional a prestar ese servicio».

A este respecto también se manifestó Llorente asegurando que «aquí está pasando algo, hemos gastado mucho dinero en esos consultorios y no queremos perderlos». Y lamentó que los vecinos «van al ayuntamiento a preguntar y no tenemos respuestas, porque los propios médicos nos dicen que no tienen orden de ir». El presidente de la Diputación también pidió que «la falta de profesionales no sea la excusa que busca la Junta» para no dotar de servicio sanitario al medio rural.

Un debate que nuevamente zanjó Eduardo Morán asegurando que «estamos aquí para representar a nuestros vecinos y lo haremos con lealtad y responsabilidad, siempre atendiendo a las necesidades sanitarias».

El primer pleno presencial y con todos los grupos políticos en la Diputación Provincial de León tras la declaración del estado de alarma decretado por la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 dejó unanimidad en todas las cuestiones planteadas.

El Plenario comenzó con un minuto de silencia «por todas las víctimas directas e indirectas» solicitado por el presidente del mismo, Eduardo Morán, así mismo se aprobó una propuesta para ayudar a los ayuntamientos bajo el paraguas de la Diputación con un fondo que sirva para salir de la crisi económica y social provocada por la Covid-19.

Del mismo modo, se ha acordado por unanimidad las propuestas de los ayuntamientos de Priaranza del Bierzo y de Regueras de Arriba para llevar a cabo los controles de calidad del agua para el consumo humano.

Fuera de la orden del día han incluido dos cuestiones que también han aprobado por unanimidad el Plan de Empleo 2020 de la Diputación de León con una inversión de más de 4,5 millones de euros y la designación de Carlos Mayo Ramos como alcalde-pedáneo gestor de la Junta Vecinal de Veguellina de Órbigo.