La Diputación exige la supresión de los peajes en la provincia y 'perdonar' a los pueblos la deuda de 2020

La Diputación ha solicitado de forma unánime al Ministerio de Transportes la supresión de los peajes León-Campomanes y León-Astorga reclamando un trato igualitario a otros territorios de España.

El vicepresidente Matías Llorente esperaba que «esta vez sí, la moción pase el Puente Villarente» y ocurra como en otras comunidades donde se han liberado las autopistas. Por su parte, Gemma Villarroel (CS) se mostraba de acuerdo a esta propuesta al entender por «amortizada» la AP-66 y denunciaba «que la delegación socialista leonesa en Madrid no lo hayan defendido como lo han hecho los asturianos». Francisco Castañón (PP) veía «más sangrante» la AP-71, que transcurre dentro de la propia provincia.

La moción, presentada por Unión del Pueblo Leonés, ha encontrado la contrapartida del presidente, Eduardo Morán, quien se mostró a favor pero recordó que no toda la provincia pensaba así. «He recibido a alcaldes que no están a favor de suprimir la León-Astorga porque ello reducirá el tráfico en la N-120 y perjudicará los intereses de varios pueblos».

También hubo unanimidad para exigir a Junta y Gobierno que sean las entidades locales quienes gestionen al menos el 15% de los fondos europeos. La propuesta, que en un primer momento sólo iba dirigida a la Junta, también incluyó finalmente al Gobierno. «Nos gustaría que los fondos llegaran a la provincia, y más viendo el reparto de los presupuestos», exponían desde Ciudadanos.

Morán detalló en esta cuestión un acuerdo de la Federación de Municipios y Provincias por la que se solicitará también la recuperación de las aportaciones del Estado a los planes provinciales.

Además, el pleno instó a eliminar la deuda de las entidades locales del ejercicio 2020, afectado por la situación sanitaria. En este sentido, se pide la condonación y sino el aplazamiento del pago a los diez próximos años para que los ayuntamientos no se vean ahogados por esta situación.

Y del mismo modo, se abordó, con división entre los diputados, la nueva propuesta de Ordenación del Territorio presentada por la Junta de Castilla y León.

El equipo de gobierno pidió que se retire dicha ley por recoger criterios inaceptables para el futuro de los pueblos y que se requiera a las Diputaciones que sean quienes desarrollen la ley. Mientras que la oposición criticó que se pusiera «la tirita antes de la herida» y la «incoherencia» socialista. «Antes se quejaron de que no contaban con las Diputaciones; ahora protestan por lo contrario». «Están utilizando esta ley como un ariete contra el gobierno regional», sentenciaban Villarroel y Castañón.

Tras dos horas de pleno, el turno de ruegos y preguntas sirvió para abordar la última Fería de Productos de León, por la que pasaron 36.000 personas, y justificar que el jurado de los premios tan solo contara con una mujer. «Si todo hubieran sido mujeres, no hubiera habido esta polémica», llegó a asegurar el vicepresidente Matías Llorente.