La Diputación buscará aprobar en 2022 un plan de emergencia para los imprevistos en los pueblos

Francisco Castañón explicaba que «estamos de acuerdo con que se financie esta actividad, pero pedimos que se abra una subvención para las entidades agrarias y la lonja».

En este sentido también se manifestaba Gemma Villarroel, portavoz de Ciudadanos, quien se sorprendía por la «duplicidad», a pesar de que se mostraba favorable por «apoyar el tejido agrario de la provincia, pero con la valentía de duplicar estas ayudas no entiendo que no hayamos tenido esa valentía en ayudar a otros sectores. Me decepciona».

Nicanor Sen, diputado del área explicaba a sus compañeros que «hay que intentar clarificar o poner el foco en lo verdaderamente importante y eso es que estas organizaciones van a tener una línea de ayudas». También aseguró que «la convocatoria ha quedado perfectamente clarificada, no existe duplicidad y así se deriva de los profesionales de la casa».

La Diputación busca un convenio para resolver situaciones de emergencia en los pueblos de la provincia. Desde el área de Cooperación y Desarrollo se promueve un plan destinado a cubrir las situaciones de emergencia que surgen como un imprevisto y en ocasiones dejan a los vecinos de una localidad sin agua. «No podemos permitir que un pueblo se quede sin agua por no reparar una bomba de 3.000 euros, con todo esto quedaría resuelto el tema», explicaba en el pleno el diputado Matías Llorente.

Una situación en la que trabajarán a través de un convenio con la Junta de Castilla y León y que según aclaró el presidente de la institución provincial, Eduardo Morán, ya se han mantenido «dos reuniones» con el consejero una de ellas y con Somacyl la segunda. Aunque este convenio «no resolverá las situaciones de emergencia y en eso tenemos que seguir trabajando», finalizó Morán.

Una propuesta de Ciudadanos, y así lo remarcó Matías Llorente, quien recordó que ahora «queda abierto para que los pueblos puedan solicitar la devolución de esos costes y a ver si el próximo año tenemos un plan de emergencia». Por su parte, Villarroel insistió en que «no podemos tener una convocatoria en una emergencia y le agradezco al diputado que reconozca nuestra propuesta para resolver este problema desde la raíz».

Uno de los puntos que causó desacuerdo fue la elevación del límite de gasto hasta los 138.000 euros para la convocatoria de ferias en los ayuntamientos de menos de 20.000 euros. El conflicto no llegó por la elevación del presupuesto, sino por el retraso de la convocatoria.

«Hay que hacer las cosas con más antelación y sobre todo en un año como este», lamentaba el portavoz del Partido Popular, Francisco Castañón. En este sentido, el diputado del área, Matís Llorente remarcaba que «ha sido un acierto». Justificaba Llorente la decisión por «el tema del covid» ya que el pasado ejercicio «se hizo la convocatoria y tuvimos que anular todas las ferias y tuvimos bastante trabajo» para cancelar esas ayudas concedidas a ferias que finalmente no se pudieron llevar a cabo.

«Este año hay ayuntamientos que han recuperado la feria y la convocatoria es la misma. Esos ayuntamientos han llamado y se les ha explicado cómo proceder a las ayudas que serían posteriores», explicó Llorente. Y en varios cruces de acusaciones volvieron a insistir desde el Partido Popular en que «es un desacierto, esta iniciativa tiene que servir para incentivar ferias y en sitios que lo estén pensando se animen a ello».

Finalizó Llorente este punto asegurando que «no creo que haya ayuntamientos que realicen ferias por la subvención».

Los primeros puntos del Pleno Ordinario del mes de noviembre en la Diputación de León se han dedicado a la pérdida parcial de algunas ayudas y subvenciones por diferentes motivos. Falta de justificación o cambio en la situación de los ayuntamientos que han llevado a anular estas ayudas en diferentes ayuntamientos de la provincia.

En este sentido, se ha querido manifestar el diputado Nicanor Sen quien recordó que estos puntos se han repetido en los últimos plenos y son un reflejo del «trabajo ingente de los funcionarios» de la casa debido al «importantísimo número de convocatorias» que se han realizado para paliar los gastos imprevistos derivados de la covid-19. Sen ha explicado que «son devoluciones parciales de cinco o diez euros».