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Duro, exigente, vehemente y firme en sus planteamientos al alcalde de León, José Antonio Diez, ha respondido este miércoles con dureza a la Junta de Castilla y León tras la reunión mantenida 24 horas antes con el vicepresidente del Ejecutivo, Francisco Igea, ... la consejera de Sanidad, Verónica Casado, y el consejero de Fomento, Suárez-Quiñones.
Diez, en su comparecencia, ha denunciado la «incompetencia» de la Junta ante la covid-19 y «su falta de rigor» a la hora de «ser coherentes» en la lucha contra la pandemia.
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En esa línea ha asegurado que la Junta «no sabe qué hacer» y no sabe «hacia dónde va». Y por ello, ha incidido, «carga la responsabilidad en los vecinos y en los ayuntamientos».
«No se nos puede pedir más a los leoneses ante la falta de competencia de la Junta», aseguró José Antonio Diez en una intensa comparecencia.
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«La Junta no sabe por dónde camina y no sabe por dónde va. Exigen rigor a los demás y ellos no lo tienen», ha añadido tras citarse con los responsables de Sanidad remarcando la posibilidad de que una 'fase 1' se aplique en el corto plazo si la curva no cede.
«Preguntamos a la Junta el rigor que ha tenido. Si ha tenido rigor en el ratio de alumnos, contratación del profesorado, financiación, ampliación de camas hospitalarias, UCIS, ampliación de consultas o la demora en las PCR », se ha preguntado.
También ha puesto sobre la mesa la gesión de la Consejería de Educación. Cree que el inicio de curso ha sido «un caos» por la modificación de los protocolos en el último momento. «Habrá que preguntar qué pasa con los ratiso de alumnos, con el profesorado o con la desinfección de los centros».
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«Estamos abandonados por la Junta», ha señalado. «Hay que tener presente que una ciudad tiene que vivir. La Junta no sabe por dónde camina y no sabe por dónde va y ahora cree que la pandemia avanza porque no se cumplen las cuarentenas. ¿Y cómo sabe que la cuarentena no la cumplen?«.
Como ejemplo ha recordado que en León hay 1.200 personas en cuarentena y delegar esa vigilancia en la Policía Local es algo que no resulta factible por la ausencia de un protocolo efectivo y el choque frontal con la Ley de Protección de Datos.
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