365 días de 'Enredadera', la trama cuya investigación avanza con paso lento y firme y que sigue pendiente de un informe de la Udef

365 días después de que funcionarios, empresarios y trabajadores palidecieran ante los furgones policiales y los registros bajo orden judicial, los movimientos que se han producido en el entorno de este caso se han realizado con cuentagotas; al menos, de forma aparente.

Los tres magistrados que se han hecho cargo del caso (el de Badalona, el de León y el de Astorga), se encuentran a la espera de un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), que desarrolló toda la operación.

Los agentes de la Brigada de Policía Judicial de Barcelona llevan meses analizando los ordenadores incautados, las horas de grabación que se efectuaron, y los miles de pliegos de las contratas y documentación obtenida en decenas de ayuntamientos tras los registros de hace un año.

Esta circunstancia hace que, por ahora, la instrucción no haya avanzado, bien para mantener las imputaciones contra cargos municipales, funcionarios y empresarios, o para archivarlas.

«Estamos pendientes de que la Udef emita un informe sobre cada imputado, y mientras que eso no se produzca, seguimos a la espera. Es mucha la documentación», apostilla el letrado de José Luis Ulibarri, uno de los procesados.

El informe deberá ser trasladado a los fiscales y a cada una de las partes (más de una docena), para que soliciten más pruebas o la toma de nuevas declaraciones.

«No sabemos nada. Lo último que me han dicho los abogados es que hace 'cuatro días' se personaron para la apertura de los precintos de los ordenadores y las agendas. Es lo último que sabemos«, asegura uno de los encausados por esta trama vinculado al Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.

Todo ello, se advierte, en una investigación «a la que le queda mucho por delante». Otro de los inicialmente encausados, y que como en el primer caso prefiere que su nombre sea omitido, se congratula porque en su caso «todo se ha quedado en nada». «En febrero los personados en el caso recogieron un auto del juez en el que se nos dejaba fuera de la causa como esperábamos desde el primer momento», sentencia.

Aquel auto también exculpaba a la que fuera alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, María Eugenia Gancedo, así como al hoy alcalde de Villaquilambre, Manuel García, pero dejaba pendiente de desarrollo de la misma a una veintena larga de personas.

La denominada 'trama Enredadera' nace de una investigación respaldada por el juez Pablo J. Alonso García. Fue él quien ordenó los registros y quien firmó las órdenes que llevaron a la policía ante un buen número de políticos, funcionarios y empresarios (entre ellos el 'mediático' empresario leonés José Luis Ulibarri, dos directivos de Gespol-Valoriza, y el empresario de Astorga, Ángel Luis García, 'el Patatero', mano derecha en los negocios del primero de los empresarios citados).

Aquel 2 de julio Pablo J. Alonso había firmado medio centenar de órdenes de entradas y registros en diferentes sedes (desde León a Palencia, de Alcobendas a Fuenlabrada, de Oviedo, a Teruel y Vélez Málaga, pasando también por Parla, Pinto o Plasencia). Medio centenar de registros, coordinados desde Cataluña y la Udef, y todos ejecutados a las seis de la mañana del 3 de julio.

Todo lo ocurrido en aquella jornada venía derivado de una investigación judicial que arrancaba en mayo de 2016 por las sospechas de un concejal de Montgat (Barcelona), quien denunció amaños en contratos vinculados a equipos para semáforos, radares y telecomunicaciones.

Aquella denuncia despertó dos años de escuchas en los que se revelaron, a juicio de la autoridad judicial, una amplia red de corrupción municipal que incluía amaños de concursos, falsificación de informes sobre densidades de tráfico, uso de información privilegiada para desbancar a competidores y, finalmente, la tentación a los cargos públicos para que prevaricasen. «Sobornos, dádivas y mordidas», se puede leer en los autos, con el único fin de conseguir contratos o malversar caudales del contribuyente.

En el caso de Castilla y León la provincia leonesa quedó desde aquel día 3 de julio bajo la lupa con registros en el ayuntamiento de la capital, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Astorga y Villarejo de Órbigo. El juez ordena la detención de todos los alcaldes de estos municipios, salvo en la capital, y de dirigentes leoneses de Ciudadanos. También hubo registros en el Ayuntamiento de Palencia.

Casi de forma paralela se ordenaba el ingreso del empresario José Luis Ulibarri en la cárcel catalana de Brians, la misma a la que era enviado el también empresario maragato Ángel Luis García, 'El Patatero'.

En el desarrollo de la causa y tras levantarse el secreto de sumario las escuchas desvelaron cómo el empresario utilizaba sus medios de comunicación para presionar y doblegar a los políticos de diferentes ayuntamientos para conseguir contratos. Unas conversaciones que apuntaban, con firmeza, a una 'enredadera' extendida más allá de lo que cualquier ciudadano pudiera imaginar.

Han pasado 365 días y hoy 'el eje' sobre el que giraba toda la trama ('dios' o 'el jefe' como es denominado en las grabaciones), se encuentra en libertad y a la espera de que se decrete la apertura de juicio oral. Vive el día a día con medidas cautelares aplicadas por el juez y todo ello mientras en su entorno no pocos ayuntamientos convulsionados por lo apuntado en esta trama han quedado claramente 'marcados' a la espera de que una sentencia final aclare todo lo sucedido.