DIA culminará el 19 de junio el plan de ajuste con el cierre de los ocho 'súper' en Ponferrada, León, Villablino, Fabero y Santa María del Páramo

Tras cerrar el pasado 31 de mayo el supermercado de Fabero, la hoja de ruta de DIA fija en el 11 de junio el cese del establecimiento de Santa María del Páramo (Andrés de Paz) y el de ubicado en la carretera Astorga de Ponferrada.

Seis días después, el 17 de junio DIA cerrará el supermercado situado en avenida Huertas de Sacramento y en la avenida España, ambos en Ponferrada, así como el local de la calle Párroco Carmelo Rodríguez en León capital.

Según el documento al que ha tenido acceso este diario, los últimos ceses afectarán al supermercado ubicado en la calle Ancha de Ponferrada el martes 18 de junio y el de Villablino el 19 de junio, dando por culminado su plan de ajuste en la provincia de León.

Por su parte, el cese de los trabajadores se llevará a cabo el 30 de junio, con independencia de los trabajadores de la tienda de Santa María, donde la extinción de los contratos se adelantará al 18 de junio mientras que en el súper de la carretera Astorga de Ponferrada se ha establecido para el día 25 de junio.

La empresa ya ha comunicado personalmente y por escrito a los trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo la fecha del cierre y el cese, así como la entrega de sus cartas de salario.

León es la provincia más afectada por el ERE en Castilla y León, donde tiene previsto cerrar un total de 21 tiendas a lo largo del mes de junio 4 en Valladolid, 3 en Burgos, 3 en Palencia, 3 en Salamanca y una en Zamora. Por su parte, en el conjunto de España la empresa cerrará 219 tiendas y el ERE afectará a un total de 1.604 trabajadores.

Barcelona es la ciudad con más cierres planteados, con un total de 26 de los 38 anunciados en Cataluña, repartidos entre Girona (4), Lleida (4), y Tarragona (4). En la provincia de Asturias, Dia prevé el cierre de 22 de sus tiendas, y en Madrid otras 20.

En la Comunidad Valenciana, la cadena de supermercados prevé cerrar 31 tiendas, concentradas principalmente en Valencia, con 18 proyecciones de clausura, seguida de Alicante, con 9, y Castellón, con 4.

Galicia concentrará 24 cierres, con 9 en Pontevedra, 8 en A Coruña, 4 en Ourense y 3 en Lugo, mientras que en País Vasco se cerrarán 12 tiendas (10 en Vizcaya y 2 en Guipúzcoa), y en Castilla-La Mancha cerrará otras 16, repartidas entre Toledo (6), Ciudad Real (5) y Albacete (5).

En Andalucía se contempla el cierre de 15 tiendas: 4 en Córdoba, 3 en Granada, 2 en Cádiz, 2 en Huelva y una en Almería, Jaén, Málaga y Sevilla. En Aragón se cerrarán otras 8, con 7 en Zaragoza y otra más en Huesca; 7 en Extremadura (6 en Badajoz y otra en Cáceres); 2 en La Rioja; una en Murcia y otra en Navarra.

Durante el juicio, que ha quedado este martes visto para sentencia, CC.OO. ha solicitado junto con la Confederación Intersindical Galega (CIGA), la nulidad del ERE al entender que existe fraude de ley y abuso de derecho. Para ello, ha esgrimido que las circunstancias bajo las que se negoció el ERE no son las mismas que las actuales, tras concluir la OPA de Letterone, dueña de casi el 70% de la compañía, y el acuerdo con la banca acreedora.

El letrado del sindicato ha reconocido que las causas que motivan el expediente se mantienen, pero no las circunstancias ni la información para poder desarrollar «una negociación de buena fe«. »No es lo mismo que los bancos acreedores te dejen pagar la deuda hasta 2023 a que te exijan su vencimiento en junio«, ha esgrimido.

Por ello, ha señalado que, sin saber si este vencimiento de deuda iba a tener que aplazarse o condonarse parte de ella, «era muy difícil poder negociar« y, además, la sociedad controlada por el inversor ruso Mikhail Fridman cuenta con un plan de viabilidad distinto al que se presentó durante la negociación del ERE con la empresa que rechazaron firmar.

Frente a ello, la empresa ha criticado que CC.OO. no aclara qué supuesto fraude se ha producido, y que para producirse tendría que haber habido ánimo o interés malicioso. Además, ha recordado que inicialmente se planteó un ERE para 2.064 personas, reducido finalmente a 1.604 tras las negociaciones, lo que a su juicio demuestra que hubo un proceso de consulta, una negociación de buena fe y que las medidas son «razonables y proporcionales».

En este sentido, ha asegurado que el sindicato reconocía la existencia de causas para adoptar una medida así, que negoció con la empresa y que estuvo dispuesta a firmar al realizar propuestas y ofertas concretas, y que no denunció esta situación ante las visitas de la Inspección de Trabajo durante las negociaciones. Así, ha reducido las demandas de CCOO a un criterio de oportunidad sobre el que, ha dicho, un juicio de lo social no puede pronunciarse.

Asimismo, el letrado ha defendido que el ERE «era absolutamente necesario» y un «ejercicio de responsabilidad» ante la situación en la que se encontraba, que de no llevarlo a cabo, la empresa incurría en una «auténtica imprudencia», y que el nuevo plan de recapitalización no afecta al proceso de despido colectivo, que avala el folleto explicativo a su juicio, extremos rechazados por el sindicato demandante.

Por su parte, Fetico ha lamentado la «postura incongruente« de CCOO, al asegurar que habría estado dispuesta a firmar el ERE denunciado de haberse aceptado sus condiciones, mientras que UGT ha defendido «asegurar las condiciones pactadas», argumentando que pese a los cambios en la empresa, la situación que se plantearía de anularse el ERE, «no va a ser mejor».