La «desesperada» situación de unas viviendas sociales en León por impagos en la comunidad

Cualquiera puede entrar al garaje, aunque lo que se encontrarán es un cúmulo de suciedad entre la oscuridad, incluidos coches calcinados o canalizaciones sin cubrir. También se puede acceder a los portales porque las puertas están estropeadas y en su interior hay interruptores rotos, barandillas que no existen, extintores vacíos o cristaleras reventadas.

Seis bloques de viviendas en la calle Fontañán de León, en Eras de Renueva, viven una situación de «desesperación y desamparo» ante la deuda acumulada entre la comunidad de propietarios.

De los 70 domicilios tan solo 17 se mantienen al corriente de pago de las cuotas de la comunidad, una cantidad aproximada de unos 80 euros por inmueble, que actualmente ni se pasa ante la falta de administrador y de presidente en el último año, circunstancia subsanada esta misma semana.

Hasta 11 de estas propiedades están en manos de la Consejería de Vivienda, «con las escrituras en su poder», mientras sus propietarios de alquiler social han rechazado de forma sistemática el pago de los recibos de la comunidad, de los que «se hace cargo la Junta de Castilla y León», según señala la propia administración.

Según el grupo de vecinos al día, la deuda con la comunidad ascendía hace un año a 277.822,53 euros, y la de la comunidad con terceros es de 179.199,03 euros. Una cifra que ha ido creciendo por la falta de administrador y presidente que imposibilita el giro de recibos incluso a los que sí abonaban su cuenta.

El «poco dinero» que aportaban estos 17 propietarios se ha dejado de ingresar. Con ello lograban, al menos, mantener el servicio de luz en zonas comunes. Del mismo modo, la limpieza de estos espacios corre a cuenta de «la buena voluntad» de estos residentes que recaudan el dinero puerta a puerta.

Tampoco se está pagando la luz de la cochera, por lo que siempre permanece a oscuras -y con la puerta abierta-. Y el resto de servicios como el agua, los ascensores o los residuos viven la misma situación. «Hace unos días, por segunda vez, han estado a punto de cortarnos el agua de las viviendas», explican, ya que al no existir contadores individuales los impagos les afectan a todos.

En diferentes reuniones con el servicio territorial se les ha exigido más acción ante los vecinos morosos, pero, según afirman éstos, no se ha encontrado la solución. La Junta sí que ha ido abonando facturas que eviten los cortes en ascensores o el agua, algo que se entiende como «una huida hacia adelante que solo aplazan el problema».

Se trata de unos bloques que en los últimos años ya han sufrido diferentes incidentes como un incendio o un intento de okupación.

Los vecinos al corriente de pago lamentan que solo puedan «agachar la cabeza» ante los propietarios que eluden sus responsabilidades con la comunidad y exigen poder disfrutar de portales limpios, ascensores que funcionen, cocheras con luz o sistemas antiincendios. «Si en nuestras viviendas no era necesario pagar nada -de comunidad-, debería recogerse en el contrato», insisten con su enfado ante los morosos. De hecho, afirman sentirse «estafados» por la administración ya que la deuda acumulada en la comunidad impedirá siquiera que puedan vender sus casas; entre sus planteamientos, como última opción, abren la puerta a la devolución del pago por la propiedad descontando un alquiler social por los años que la han utilizado. «Esto sería reconocer que no han hecho nada para evitar llegar a esta situación».

La Delegación Territorial de la Junta en León programó una reunión con estos vecinos el pasado 28 de enero. En ella anunció la llegada de un nuevo administrador aunque, auguran, los problemas económicos seguirán estancados en una comunidad donde la mayor parte de las propiedades pertenecen a la propia administración autonómica.

Según ha podido saber este medio, la administración busca fórmulas para desalojar a estos propietarios de las viviendas sociales que se niegan a abonar la comunidad, aunque primero deben encontrar los mecanismos legales para hacerlo. Se trata de unas personas en riesgo de exclusión social.

La Junta ha explicado a Leonoticias que en febrero de 2024 el administrador de la comunidad de propietarios desistió de llevarla. En marzo de 2024 se tuvo una reunión en la Delegación Territorial con propietarios «comprometidos» y se es dijo que esta Administración, aun no estando obligada, «se comprometía a intentar resolver la situación en que se encontraba la Comunidad». Con ello asumiría los gastos más urgentes y haría gestiones para que hubiera un profesional que pudiera llevar las cuentas de la misma -mientras, se han ido abonando las cuotas de la comunidad de estas 11 viviendas-.

También se ha hecho cargo la Junta de dos desatrancos de bajantes, la cuota de mantenimiento de los ascensores, la luz de los portales en el mes de junio y julio, la limpieza exhaustiva del garage, la puesta al día conforme a normativa de los ascensores y parte de la deuda del agua.

Su nueva presidenta, María Jesús Marcos, recuerda que llevan viviendo en este edificio 24 años en los que se ha ido generando «una deuda astronómica» por los impagos de 40 de los 70 vecinos. «Es algo insostenible», sentencia. Recuerda que la propietaria es la Junta, con «voz y voto» en la gestión de estos bloques, sin embargo han recibido «caso omiso» a sus advertencias desde el principio: «Les dijimos que se destrozaban viviendas y que no se pagaba la comunidad». Solo en el último año, una funcionaria ha atendido sus súplicas y «gracias a ella» evitaron el corte de agua el 10 de enero. «No hay limpieza, el garaje no tiene luz y la puerta está abierta, algunos portales no tienen ascensor y los enchufes están reventados, además de tener los interfonos rotos», explica mientras muestra cada una de las situaciones que describe.

Son tantos los «agujeros» que tienen los bloques de Fontañán que se ve como «una pescadilla que se muerde la cola» el intento de solucionar todo esto. A ello se suma la existencia de okupas, reconocidos por la propia administración, y que los vecinos exigen «que lo solucionen», ya que ellos tienen bastante con «sobrevivir y tirar para adelante» en esta situación. «Estamos desesperado. Cuando nos cortaron la luz, vecinos de 80 años se quedan sin ascensor en un quinto», y la propia María Jesús fue a pagar de su bolsillo las facturas pendientes, que posteriormente le abonaron sus vecinos.

Reyes Fernández, otra de las vecinas, asegura que muchos días se levanta «sin saber qué va a pasar» o lo que se encontrará en su portal. «No sé qué habrá en mi puerta, si me habrán hecho algo al coche... Muchas veces estás en vilo». Ella tiene un marido dependiente, lo que le impide buscar otra vivienda. «Todas las comunidades funcionan menos esta y es porque no se paga la comunidad. Tenemos que pagar todos, aunque sea cantidades más pequeñas», insiste.

La comunidad pide a la Junta que intervenga y solucione este conflicto y al Ayuntamiento de León que ayude a la instalación de contadores de agua individuales para que cada uno pague lo que gaste.

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