UGT denuncia que los centros del Ministerio de Defensa en León han perdido casi 200 empleados

En una comparecencia, el secretario general de UGT Servicios Públicos de Castilla y León, Tomás Pérez, analizó el impacto en la Comunidad la decisión adoptada por el Ministerio de Defensa de centralizar en Córdoba los talleres dependientes de su Ministerio, y que afectará a los talleres de Segovia y Valladolid. Por ello, reclamó a las administraciones de Castilla y León que se unan para conseguir alternativas que compensen la pérdida de empleos.

De esta forma, el dirigente de UGT expresó la preocupación del sindicato por las consecuencias que tiene la pérdida de empleos dependientes de la Administración General del Estado en la Comunidad y matizó que no se oponen a que cada ministerio haga los cambios que considere con sus recursos, pero sí demandó que se trabaje para crear otros en una tierra «vaciada» y que sufre las consecuencias de la despoblación, que vinculó con la falta de oportunidades y empleo de calidad para los jóvenes.

Por ello, instó a las administraciones a trabajar para traer a Castilla y León «como mínimo» otros 300 empleos, porque de lo contrario, con el paso de los años y con la jubilación del personal actual, la Comunidad se convertirá en un territorio para personas mayores y estudiantes, que tienen un tiempo de estancia máximo, hasta que terminen sus estudios. Así, destacó la reunión que han mantenido con el PSOE y Podemos y la «desidia» de otras administraciones en la lucha contra la despoblación, que aseguró se ha convertido en un «eslogan». «No hay política real», apostilló.

Por su parte, el secretario de Administración General del Estado UGT Servicios Públicos de Valladolid, Germán País, explicó las consecuencias para Valladolid y Segovia, un centro con alta acreditación tecnológica, del traslado de los talleres a la unidad de Córdoba, que contará con 1.700 personas y otros 1.100 efectivos de personal civil.

Además, indicó que la unidad 61 de Valladolid, que se encarga del mantenimiento de todo tipo de vehículos y de dar apoyo a las misiones de paz de la OTAN, se convertirá en «exportable», lo que aseguró significa que desaparece el personal civil y se va reduciendo el resto, con la jubilación las plazas militares, hasta su amortización. Insistió en que no les preocupa el actual personal, sino la falta de puestos de trabajo para los jóvenes en el futuro.

Por ello, propuso que los efectivos civiles que pierde la Comunidad en estos centros militares pasen a otras áreas de la Administración General del Estado, que son deficitarias por la tasa de reposición y la «lentitud» en la resolución de las ofertas públicas de empleo, como puede ser la Confederación Hidrográfica del Duero, el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Seguridad Social y otros.

Alternativas

Igualmente, el secretario de Administración General del Estado UGT Servicios Públicos de Castilla y León, Ovidio Martínez, planteó que se podrían generar unos 450 empleos de calidad si se habilitan centros del Estado que supusieron unas dotaciones «muy importantes». Entre ellos citó a la Ciudad del Mayor de León, construida en 2013, con una inversión de casi siete millones; el Centro del Imserso de Soria, 2014, que supuso un coste de tres millones y sigue paralizado, o la prisión, que ha requerido un desembolso de 100 millones y sigue sin abrirse. Esos, dijo, podrían compensar la salida de otros efectivos, pero lamentó que estos proyectos «siguen dormidos en el sueño de los justos».

En concreto, planteó que se ha perdido un 18 por ciento del personal de los ministerios, hasta los 14.942 empleados, y en un 11,6 por ciento el personal laboral, que ha pasado de 3.187 a 2.815, de acuerdo al último censo de las elecciones sindicales de 2019. Esto, dijo, es la consecuencia derivada del traslado de diferentes dependencias y de «cosas surrealistas» como es que sigan centros cerrados, pese a la inversión que supusieron.

Finalmente, Tomás Pérez apuntó que en Ávila se ha pasado de 38 efectivos a 12 en centros del Ministerio de Defensa; en Burgos, de 190 a 76; en León, de 280 a 85; en Salamanca, de 50 a 18; en Segovia, de 215 a 116, y en Valladolid, de 435 a 230.