CSIF exige a Educación que los alumnos con TDAH y los de Altas Capacidades computen en las «necesidades especiales»

La Central Sindical Independiente y de funcionarios (CSIF) exigió a la consejera de Educación, Rocío Lucas, que se mejore la atención del alumnado con necesidades especiales con más recursos personales y materiales y se incluyan a los alumnos con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) o a los de Altas Capacidades Intelectuales en el programa, ya que actualmente no computan en los ratios para asignar mayores recursos.

El sindicato recordó que la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), de 1990, incluía a todo el alumnado que presentaba dificultades por su historia personal, escolar, por discapacidad o trastornos graves de conducta; sin embargo, en la actualidad el término Alumno con Necesidades Educativas Especiales hace referencia exclusivamente a los alumnos que presentan algún tipo de discapacidad o trastorno grave de conducta.

En este aspecto, aseguró que dicha reducción conllevó que el resto de Alumnos con Necesidades de Compensación como los de Altas Capacidades Intelectuales, los que presentan dificultades de aprendizaje o bajo rendimiento académico, y los TDAH, no computen a la hora de establecer las ratios del alumnado que tiene que ser atendido según sus necesidades por estos especialistas.

Además, desde 2017 Dirección General de Innovación y Equidad Educativa excluyó de forma «unilateral y sin información previa» al alumnado con TDAH, en el procedimiento de recogida y tratamiento de los datos relativos al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, un extremo que el sindicato denunció ante los juzgados. «Todo el alumnado que presenta algún tipo de necesidad educativa específica, debe participar de una intervención educativa por parte del profesorado especializado en la atención a la diversidad», dijo.

Para CSIF, la inclusión de este alumnado provocaría que se obtuviesen los datos reales, lo que evidenciaría la necesidad de reducir las ratios y aumentar las plantillas de estos especialistas. «Dicha medida ayudaría a reducir los frecuentes ámbitos de itinerancia, y permitiría que los centros pudiesen avanzar hacia una verdadera inclusión educativa, en la que se ofrezcan las oportunidades para que todos los alumnos tengan éxito en una escuela ordinaria, lo que redundaría en el beneficio de toda la sociedad», aseguró.

El sindicato recordó que la normativa educativa desde la entrada en vigor de la Ley de Educación recoge que la atención a la diversidad se establece como un principio fundamental que debe regir toda la enseñanza con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades, así como una necesidad que abarca a todas las etapas educativas.

Para alcanzar tal fin, que el sindicato señaló no es algo «meramente teórico, reclamó al Gobierno autonómico que aumente los recursos personales y materiales disponibles, para cumplir las ratios establecidas por la Unesco. En la actualidad, Castilla y León, apuntó, se sitúa muy por encima de lo recomendado por dicho organismo internacional, que establece un marco ideal mínimo de un orientador educativo por cada 250 alumnos.

La reciente Ley de 2020, que modificó la LOE, hace referencia explícita a la necesidad de dotar de recursos a los centros educativos en el ámbito de la educación diversa, una demanda que CSIF hizo llegar a la Junta de Castilla y León para lograr alcanzar una educación «plenamente inclusiva».

Asimismo, aseguró que que es el momento para negociar mejoras en este ámbito, ya que la comunidad se encuentra en pleno desarrollo del II Plan de Atención a la Diversidad 2017-2022, sobre el que CSIF exigió en reiteradas ocasiones información en Mesa Sectorial de Educación, y cuyo desarrollo demandó negociar en varias ocasiones. «La atención a la diversidad es crucial para un buen sistema educativo y que se consolide como compensador de desigualdades», puntualizó.

La presidenta del sector autonómico de Educación en CSIF Castilla y León, Isabel Madruga, precisó que el objetivo último de la educación es dar a cada alumno lo que necesita, y eso solo se consigue con el profesorado necesario para facilitar la atención individualizada.

Para Madruga, cada alumno escolarizado en los centros públicos de Castilla y León, que deba recibir una atención directa por parte de los especialistas, y para ello tienen que computar a todos los alumnos con necesidades especiales para determinar el número de docentes asignados a cada centro educativo y la ratio con la que tienen que trabajar, independientemente del grupo al que pertenezca.

«La escasez de recursos en este ámbito dificulta el tratamiento adecuado de cada caso, e impide llevar a cabo las labores de prevención para la detección precoz. Además, la labor de los especialistas de atención a la diversidad requiere actuaciones que en muchos casos se realizan fuera del horario laboral», argumentó.

CSIF consideró que el cambio de leyes educativas trajo consigo un desajuste en la atención a la diversidad. Desde la aparición de la integración en las aulas, las ratios de los maestros de Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica se rigieron por el número de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales.