CSIF alerta del cierre de las OMIC y exige más recursos para la defensa del consumidor

CSIF considera que la importante y reconocida labor de información y mediación que se está realizando en estas Oficinas de Atención al Consumidor (OMIC), por parte de los ayuntamientos, «poco a poco puede ir desapareciendo en todos los ayuntamientos, al no estar ya obligados por ley a prestar este servicio». Hay que recordar que la OMIC de Valladolid atendía a una población cercana a los 300.000 habitantes, y la de Palencia a unas 80.000. En este sentido, CSIF destaca el papel de estas oficinas, muy conocidas y muy cercanas al ciudadano, «que lamentablemente podrían ir desapareciendo».

Para CSIF, esta nueva distribución de competencias no mejora la protección al consumidor, ya que no lleva aparejada una mejora de medios humanos y materiales del servicio. Por ello, reclama una revisión integral de una competencia -la protección al consumidor- que ahora es enteramente autonómica. Remarca que es un servicio esencial para la ciudadanía, y que hay que dotarlo de más recursos y personal, reconociendo adecuadamente la labor que realizan los escasos profesionales de este servicio de protección al consumidor. Actualmente, en Ávila hay 4 inspectores de consumo, en Burgos 4, en León 7, en Palencia 2, en Salamanca 4, en Soria 1, en Valladolid 7 y en Zamora 3.

Se han convocado cuatro plazas para este cuerpo, y se está negociando para la próxima oferta de empleo público 7 nuevas plazas, pero son «claramente insuficientes», pues están destinadas a paliar las bajas por jubilación que se están produciendo, no a incrementar las plantillas.

Además, CSIF afirma que la defensa del consumidor no recae exclusivamente en el cuerpo de inspectores de consumo. Los jefes de sección, los instructores y el personal administrativo también son parte fundamental para desarrollar la competencia de consumo, y «también es un personal muy escaso. Por ejemplo, en Valladolid desde el pasado mes de septiembre no hay personal administrativo. CSIF se ha puesto en contacto con la Consejería de Empleo e Industria, competente en la materia, y nos ha transmitido que subsanará lo antes posible esta incidencia, que permitirá a los inspectores liberarse de algunas tareas burocráticas, y filtrar y distribuir las llamadas entrantes con petición de información», indica.

El sindicato independiente vuelve a pedir, como ha hecho durante los últimos 10 años, «que se trate dignamente esta competencia esencial para todos los ciudadanos, que se actualice la Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León, que tiene puntos francamente mejorables, y que se dote y se reconozca -en su justa medida- a los profesionales que se dedican a proteger la salud, la seguridad y los legítimos derechos económicos de los castellanos