CSIF advierte de que la actividad en los juzgados se duplicará tras el parón por la COVID-19

A través de un comunicado, CSIF lanza «la voz de alarma» ante la acumulación de asuntos por la suspensión de plazos y el aumento de litigios relacionados con el Covid-19, en todos los órdenes jurisdiccionales. Según la central, los juzgados de lo social, contencioso administrativo y mercantiles serán probablemente los más afectados.

Todo ello, puede convertir en dramática una situación ya de por sí grave en el ámbito de la Justicia, tanto por la falta de medios como de personal, afirma, a la vez que explica que ha solicitado datos sobre el volumen de asuntos pendientes desde la declaración del estado de alarma y que se fijen, previa negociación, programas de actuación con prolongaciones de jornada, dotación de puestos vacantes y bajas, nombramiento de refuerzos, sin que el Ministerio de Justicia haya dado respuesta.

«Se ha perdido mucho tiempo en estas primeras fases de desescalada en las que se podían haber reactivado estos procedimientos en trámite para hacer frente después a esta avalancha de casos provocados por el Covid-19», sostiene. También, denuncia «la alarmante» falta de medios informáticos durante la pandemia y, en situaciones como ésta, no basta solo con redactar un plan.

CSIF urge contar con garantías de medios materiales y con el soporte informático necesario para atender a la avalancha de asuntos. Advertimos de la precariedad con la que se ha implantado el teletrabajo y de la falta de voluntad para negociar un plan serio para todo el personal de Justicia.

Además, explica que han pedido al Gobierno y a las CCAA que refuercen las medidas de protección en los juzgados tras tener conocimiento de un repunte en el número de casos positivos por Covid-19 detectados recientemente entre funcionarios de la Administración de Justicia, en comunidades como Madrid.

Por ello, insta a que se tomen las medidas de aislamiento y cuarentena en las sedes judiciales donde se haya registrado algún caso positivo, además de la preceptiva desinfección del centro. Es necesario realizar test fiables al personal de Justicia, como ya se está haciendo en la Comunidad de Madrid, en Andalucía y, también a jueces y magistrados, por el CGPJ.

Como parte del Plan de desescalada, detalla que están incorporados a sus puestos un 70 por ciento de los empleados/as públicos de Justicia y se prevé que el 100 por ciento esté de vuelta a partir del próximo 9 de junio. «El Plan de desescalada se está llevando a cabo de manera precipitada, al margen de los criterios establecidos por Sanidad, sin garantizar la provisión efectiva de mascarillas y otras medidas de protección para quienes se incorporan», concluye.