El Consejo de Cuentas fiscalizó en 2021 ocho contratos de la Diputación de León por 6,7 millones

El Consejo de Cuentas de Castilla y León fiscalizó en el año 2021 un total de ocho contratos -uno de obras y siete de servicios- de la Diputación de León por un importe total de 6.725.142,28 euros. Sobre dos de ellos, señaló la falta de constancia del documento administrativo de formalización remitida a la Plataforma de Rendición de los Órganos de Control Externo. Se trata del contrato relativo a servicios postales, telegráficos y de paquetería de la Diputación, del Instituto Leonés de Cultura, de los centros adscritos a ambos y del Consorcio Provincial de Turismo de León y del servicio para realizar las revisiones generales extraordinarias de los telesillas de las estaciones de esquí.

Además, en el contrato sobre telesillas no se remitió el pliego de condiciones administrativas particulares y tanto en ese como en otros cuatro más referentes al servicio de primera urgencia y traslado en las estaciones invernales, el fomento y promoción del aeropuerto, el diseño y desarrollo del portal de comercio virtual de Productos de León y los servicios de prevención de riesgos laborales no se remitieron los documentos justificativos de su aprobación por el órgano de contratación.

Tampoco se remitió la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación de tres contratos, ni los informes de valoración completos que deben acompañar a tales propuestas en cuatro contratos, como fueron la revisión de telesillas, los servicios de redacción de proyectos el portal de comercio virtual de Productos de León y la prevención de riesgos laborales.

Respecto a las actuaciones preparatorias de los expedientes, en cuanto a la aplicación incorrecta o incumplimiento de la normativa, el Consejo de Cuentas no observó «incumplimientos muy significativos que supusieran la inaplicación correcta de las normas y que los contratos no se adjudicaron a los mejores licitadores o que existió un elevado riesgo de ello». Sí se detectaron «incumplimientos significativos con bajo riesgo de que los contratos no se hayan adjudicado a los mejores licitadores».

Así, en el contrato servicios de redacción de proyectos, no figura el informe de insuficiencia de medios debidamente justificado, mientras que en el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato de las revisiones de los telesillas, se establece la obligatoriedad para el adjudicatario de constituir una garantía definitiva del cinco por ciento del precio final ofertado por cada lote, pero al estar determinado el importe por precios unitarios la garantía debería haberse hecho sobre el precio de licitación sin IVA.

En el contrato de servicio de redacción de proyectos, según el Consejo de Cuentas, el pliego incluye como criterio de adjudicación de carácter social el disponer por lo menos de una persona con discapacidad en plantilla. Al respecto, señaló que «se trata de un criterio que parece referirse a una característica de la plantilla de la empresa, no de las personas que ejecutarán el contrato y que no tiene relación con el objeto de este». Además, en el contrato de primera urgencia y traslado en las estaciones invernales, no se elaboró un pliego de prescripciones técnicas que cumpliera con los requisitos.

El Consejo Cuentas también detectó otros errores «poco trascendentes o meramente formales», como un posible error en la definición del criterio de adjudicación automático de edición del proyecto del contrato de servicios de redacción de proyectos, en el que se puntuaba con un máximo de hasta once puntos, que no podía alcanzarse nunca ya que la suma de los subcriterios solo llegaba a diez puntos.

Finalmente, en cuanto a la adjudicación de los contratos, se detectó una incidencia en el contrato de servicios de fomento y promoción del Aeropuerto de León, ya que se produjo una incorrecta ponderación del criterio referente a la oferta económica al atribuir puntuación a la única oferta realizada, a pesar de que igualó el presupuesto de licitación sin realizar baja alguna. En esta línea, según el Consejo, «no deben obtener puntuación, cualquiera que sea la fórmula elegida, las ofertas económicas que no representan mejora alguna sobre el presupuesto de licitación, ya que va en contra del principio de selección de la oferta económicamente más ventajosa». No obstante, al tratarse de un único licitador, no se vio afectada la selección.

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, destacó hoy la «buena gobernanza» que, a su juicio, realizan las diputaciones de Ávila, Burgos, León y Valladolid por sus «escasos incumplimientos significativos» dentro del análisis de la contratación pública que llevan a cabo las instituciones provinciales de los nueve territorios de Castilla y León.

En declaraciones recogidas por Ical durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, Amilivia destacó a estas cuatro instituciones porque, de los 84 incumplimientos significativos advertidos en la preparación de los pliegos por el Consejo de Cuentas en su informe sobre la contratación realizada por las diputaciones provinciales, la de Ávila solo cuenta con dos, por una de Burgos y cinco tanto de León como de Valladolid.

Se trata así, según Amilivia, de un ejemplo de «buena gobernanza» que va en la línea de los objetivos marcados por el Consejo de Cuentas con la realización de este informe, relativos a la transparencia en la comunicación a la plataforma de rendición de cuentas de estos contratos, y a la publicidad, para que «todas las diputaciones alojen los contratos en la plataforma de contratación del sector público».

Amilivia, en respuesta a los grupos representados en la Comisión, valoró el informe como un documento que «hace un magnífico reflejo de la contratación de las diputaciones» pero que espera que se traslade a «un debate político e institucional» en el propio seno de estos organismos públicos, para mejorar también las «carencias y vicios ilícitos» observados en el informe.

También manifestó el presidente del Consejo de Cuentas su parecer sobre uno de los puntos que podrían marcar la mejora de la agilidad y la transparencia en los procesos de contratación pública de las diputaciones provinciales, apuntado por Vox, y relativo a la «merma en la burocracia», de la que Amilivia se mostró partidario «sin perjuicio de que ahora está en debate el establecimiento de una nueva plataforma de contratación de ámbito estatal».

Esta reducción burocrática fue, de hecho, la principal petición del procurador salmantino de Vox en las Cortes, Javier Teira, en su intervención durante la Comisión de Economía y Hacienda de hoy, al señalar que, probablemente, sea «la complejidad burocrática, y no la mala fe, la que aboca a las incidencias» que las diputaciones cometen y que se observan en el informe.

De hecho, el procurador 'popular' David Beltrán defendió la «actitud de colaboración» de las diputaciones de Castilla y León que «intentan cumplir con la normativa vigente pese a la complejidad burocrática».

No obstante, reconoció Beltrán «carencias y deficiencias» que aseguró, en todo caso, que «se debatirán» en el propio seno de las instituciones provinciales para «mejorar la accesibilidad claridad de la información» de sus contratos para «cumplir con los requisitos legales y mejorar en transparencia y rigor», como pide el Consejo de Cuentas.

Más crítico con el comportamiento de las diputaciones fue el Grupo Parlamentario Socialista que, por voz de la procuradora María Consolación Pablos, denunció la «falta de documentación por parte de todas las administraciones, la falta de interés a la hora de presentar alegaciones y los incumplimientos, en mayor o menor grado, de todas las diputaciones en transparencia y publicidad».

Algo que Pablos consideró inadmisible porque «igual que entendemos las dificultades de los ayuntamientos menores para cumplir con las obligaciones, las diputaciones cuentan con medios y personal suficiente para ser más rigurosas», por lo que exigió a todas ellas, ante su «deficiente» rendición de cuentas en contratación, «poner en práctica las recomendaciones del informe para cumplir con la ley».

Por último, el procurador de la UPL, José Ramón García, hizo un llamamiento a las diputaciones para «parecer además de ser» frente al «libre albedrío» del que las acusó a la hora de contratar empresas pese a que «conocen los procesos». Por ello, mostró su esperanza en que las instituciones provinciales «tomen nota» para «aplicar la norma, mejorar el proceso y la gestión y cumplir con la transparencia» dado que se está hablando de «el dinero de todos».

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