Conceyu, contra el 'decretazo sanitario' de la Junta

El citado decreto es la consecuencia de la falta de previsión de la Junta, como administración responsable, de lo que se esperaba tras la primera ola. A parte de criticar al gobierno central, la Junta, por boca del Sr. Igea y menos veces del Sr. Mañueco (que se reserva un cobarde segundo plano siempre que puede, aprovechando el afán de protagonismo del primero), no ha hecho nada de lo necesario para enfrentarse a la segunda ola con garantías. Además del problema histórico estructural de esta comunidad de tercera categoría, la Junta ha seguido socavando el pilar fundamental de cualquier sistema: los recursos humanos.

Los trabajadores sanitarios son sistemáticamente maltratados por una institución miope, que lejos de cuidarlos y potenciarlos, los desacredita e ignora de forma sistemática. Estos días salía la noticia que la Junta iba a ir a Inglaterra para hacer volver a los que se han ido allí buscando un futuro (simplemente un futuro) que aquí se les negaba. Lo que no hacen en Valladolid es preguntarse por qué se fueron. Contratos miserables, condiciones draconianas, trato peyorativo, y todo tipo de trabas para fidelizarse al sistema de forma digna, frente a la precariedad como forma de sometimiento que impone la Junta.

A diario, los profesionales formados en la comunidad, buscan su futuro en cualquier otro sitio, huyendo de una administración nefasta, tanto a nivel profesional como en otras cuestiones tan básicas como el régimen retributivo.

El decretazo de Mañueco sólo vuelve a marcar el destino de la huida de los aspirantes e intenta sojuzgar a los que persisten en el error de trabajar para esta institución:

-Movilidad geográfica forzosa en una comunidad más grande que muchos países europeos;

-Anulación de los derechos a los permisos reglamentarios, vacaciones y licencias;

-Imposición de cambios en las jornadas, turnos y descansos reglamentarios;

-Habilitación de personal sin la cualificación suficiente para labores para las que no están acreditados;

-Imposición de guardias;

-Anulación de los derechos de los representantes sindicales;

El decreto necesario, el que nunca llega, es el que hable de las verdaderas necesidades y de las formas de satisfacerlas:

-Resucitar la Atención Primaria y asistir dignamente a la población rural y urbana, y detener el programado destrozo de este pilar básico del sistema sanitario. Todos los días insisten en un su nuevo modelo de «atención» no presencial, que ya está provocando las primeras muertes públicas y otras muchas ocultas. Y no sólo muertes si no deterioros irreparables en la salud;

-Dotar dignamente a todos los hospitales de la Comunidad, para prestar una atención cercana a todos los habitantes, vivan donde vivan. No solo no se habla si no que se niega y ya de paso se invierten millones, para centralizar la asistencia de todos en Valladolid, mientras se boicotea al resto de los centros hospitalarios de otras provincias;

-Mejora de los servicios de Urgencias y Emergencias que son los patitos feos del sistema, que tienen que intentar tapar todos los fallos promovidos por la desatención de los otros niveles y que viven instalados en la improvisación y la precariedad. Lejos de ello ni se amplían los recursos humanos ni se dota adecuadamente a los centros, por no nombrar la ineficiente distribución de los limitados recursos de emergencias;

-Potenciar el sistema sanitario público y dejar de inyectar millones en una asistencia privada que da asistencia de tercera categoría a los usuarios tras años de cotización. Muy al contrario

el impresentable Sr. Mitadiel, anuncia la potenciación de los conciertos para atender a todos los pacientes que no pueden ser atendidos en tiempo y forma por un sistema desbordado;

-Medidas activas de todo tipo que hagan atractivo el desarrollo profesional en esta comunidad y no lo conviertan en un castigo;

La Junta ignora de forma intencionada, que el Estado Autonómico surgió para frenar la centralización y aproximar los servicios de la administración al ciudadano, no para recentralizarlo a su antojo en un pozo sin fondo, un sumidero de recursos públicos que desprecia e ignora al resto de las provincias. Esto también se refería a los recursos sanitarios.