Cerca de 30 personas se han concentrado en Botines por un «aborto digno, seguro y gratuito». Denuncian que «la objeción de conciencia es ilegal» y reclaman «una ley que clarifique bien, para que la objeción de conciencia no sea mal entendida para ... denegar la prestación».
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Afirman que muchas mujeres son remitidas a clínicas privadas y concertadas para poder ejecutar la interrupción voluntaria del embarazo. La portavoz del Movimiento Feminista de León, Yolanda Rodríguez, apunta a que «las mujeres de León están obligadas a desplazarse en su inmensa mayoría a Valladolid, es un peregrinaje absurdo cuando esto es un derecho que tiene que ser asumido por la sanidad pública».
Añaden que la falta de conocimientos a la hora de aplicar técnicas de interrupción voluntaria del embarazo es uno de los principales problemas. «Hay una falta de conocimientos y de técnicas IVE en los hospitales porque en las facultades no es una asignatura que se contemple», señala la portavoz.
«Los jefes de servicio de ginecología directamente optan porque en el departamento, por acción, sea toda la plantilla objetora», apunta Rodríguez.
Según datos del Movimiento Feminista en base a un estudio del Ministerio de Sanidad del 2019, afirman que 562 mujeres de la provincia interrumpieron su embarazo, 519 a petición propia y el resto por peligro de su vida o malformación del feto y que el aborto es, por ley, un servicio público.
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