La 'comisión 10' se paraliza, entre discrepancias, hasta que exista sentencia judicial

La propuesta ha contado con el respaldo del PSOE, PP y UPL, además del proponente, al entender que no es viable avanzar en la investigación de esta oposición mientras no se puedan poner todas las pruebas sobre la mesa, y estas pruebas no estarán a disposición «hasta que finalice la vía judicial».

Durante el turno de intervenciones el PSOE ha remarcado que la única compareciente, María Ángeles F.F., incurrió en contradicciones al mismo tiempo que advertía que no se puede avanzar si no hay presencia de todas las pruebas. «La compareciente» aseguró «cosas como que no había temario» cuando está publicado «en el Boletín Oficial del 10 de junio de 2020», se ha remarcado por parte de García Copete.

En la misma línea se ha expresado la representante del PP, Ana Franco, quien ha cuestionado el primer testimonio y ha apuntado a incoherencias en las palabras de la testigo. Incoherencias que llevaron, según aseguró, a cuestionar la honorabilidad de otros concejales (en aquella ocasión se citó expresamente a Vicente Canuria, concejal de Régimen Interior, Movilidad, Deportes y Servicio de Comercio).

Nicanor Pastrana (Podemos Equo) y Gemma Villarroel (Ciudadanos) se han opuesto a la suspensión y a la «criminalización» de la declarante en la primera sesión. La votación final en todo caso se ha saldado con una diferencia de 8 a 2 en el número de votos.

«Hay que indicar que varios de los miembros del Tribunal del examen, incluido el Presidente del mismo, han manifestado expresamente que no van a declarar ante esta Comisión Especial de Investigación por estar el tema en la vía judicial penal», también se ha advertido por parte del presidente a la hora de resolver.

Para Villarroel, muy crítica con el cierre de la comisión, se trata de un «jarro de agua fría para León y los leoneses» lamentando «que no exista en el seno de la corporación municipal interés alguno para arrojar luz a un hecho que empaña la credibilidad del Ayuntamiento, así como los principios de transparencia e igualdad que deben regir en cualquier proceso selectivo».

La 'comisión del 10' pretendía esclarecer quién filtró el examen de la oposición al puesto de ordenanza, en la categoría de peón, en el Ayuntamiento de León. Un examen en el que uno de los opositores obtuvo un cien por cien de aciertos (53 preguntas en una hora) incluyendo aquellas preguntas más tarde eliminadas por no ser parte de ese proceso selectivo.