Colegio de la Abogacía de León: 'En defensa de los derechos de la ciudadanía'

Con casi 180 años de historia, el Colegio de la Abogacía de León, fundado en el año 1844 es la corporación de derecho público, que por mandato legal representa en exclusividad a la profesión de la Abogacía y a los casi 1800 profesionales entre ejercientes y no ejercientes en la provincia de León.

Su decano desde el año 2017, Fernando Rodríguez Santocildes, destaca la importancia de la profesión de la abogacía, resaltando el hecho de que sea «la única profesión que se menciona expresamente, en varias ocasiones en el texto constitucional del año 1978; y es que la profesión de la abogacía es inescindible de una Constitución que consagra el Estado de Derecho del que los profesionales de la Abogacía se constituyen en verdaderos garantes; de este modo – señala el Decano – para hablar de Estado de Derecho y en consecuencia, para hablar de democracia hay que hablar de abogacía. No se concebiría una democracia sin abogacía».

La garantía que ofrecen los colegios profesionales a la sociedad es la regulación de un control independiente de la actividad profesional que permite ejercer los derechos a los ciudadanos con plenas garantías.

El Colegio presta a sus profesionales unos servicios que redundan en la protección y defensa de los profesionales para un mejor servicio a la sociedad.

Destaca «la necesidad reconocer el importante papel que desempeñan en la defensa de los derechos de la ciudadanía ante los tribunales de justicia; como garantes de un proceso justo, asegurando igualmente los derechos de los consumidores y constituyendo un puntal esencial del desarrollo económico de la sociedad y en la defensa de sus intereses económicos».

«La Abogacía es sin duda – afirma Rodriguez Santocildes - una las profesiones más cercanas a la ciudadanía y de mayor componente social por antonomasia, elemento este último, que se acredita en la dedicación prestada en el ámbito del turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita, posibilitando en condiciones de igualdad el acceso a la justicia de toda la ciudadanía especialmente para aquellas personas que carecen de recursos económicos o se encuentren en situación de especial vulnerabilidad.

«Es de justicia reconocer siempre el trabajo de los profesionales de la abogacía de oficio y en especial en el momento actual marcado por cambios importantes y por exigencias por parte del Ministerio de Justicia, muchas veces injustificadas e intolerables, que entorpecen retrasan o cuestionan el derecho de los profesionales a la percepción de una remuneración justa y digna, cada vez más injusta y más indigna ante los niveles inflacionistas en que nos movemos y el mantenimiento de los baremos sin actualización alguna». Y ello a pesar de la actividad incesante que desde el Consejo General de la Abogacía Española y desde los propios colegios se está llevando a cabo para impulsar el pago ágil, puntual e integro, que incluya todas las actuaciones realizadas, y se vea mejorado en sus cuantías».

En otro orden de cosas el decano destaca la importante función que el Colegio lleva a cabo en el control deontológico de la profesión que «contribuye a otorgar seguridad jurídica a los justiciables y prestigio a nuestra profesión. Esas normas implican que el profesional debe ejercer su trabajo con la mayor eficacia y diligencia posible, defendiendo los intereses individuales de sus clientes y con especial atención a aquellos que deben ser acreedores de mayor protección social.» Por otra parte una de las fundamentales funciones de la institución es la protección de los intereses de la profesión y los profesionales, otorgando amparo colegial a quien desde cualquier ámbito se vea inquietado, perturbado o presionado en el ejercicio profesional.

Para Rodríguez Santocildes, una de las funciones más relevantes del colegio es garantizar una formación permanente, especializada y continuada de los profesionales que, como señala su propio estatuto profesional. les capacite permanentemente especialización profesional mediante la acreditación de formación específica. El colegio cuenta con unos profesionales altamente formados que debe traducirse en una tranquilidad para la ciudadanía sabedora de contar con abogados y abogadas capacitados para la defensa de sus intereses.

En esta materia el colegio, juntamente con el de Procuradores y la Universidad de León, han suscrito recientemente un Convenio para impartir el Master de Acceso a la Abogacía y a la Procura que habilita para el ejercicio de ambas profesiones y si bien, ya venía impartiéndose desde hace una década, a partir del próximo curso se incorporaran los Procuradores, como consecuencia de las reformas legislativas relativas al acceso profesional.

Sobre la situación actual de la Administración de Justicia el decano de la abogacía leonesa afirma que «es la consecuencia de una administración de justicia eternamente desatendida y que siempre ha sido la gran asignatura pendiente de nuestra democracia; no debe olvidarse que la justicia es, con el ejecutivo y legislativo, uno de los tres poderes del Estado, , y una crisis reputacional en la administración de justicia es algo muy grave; y además, como cualquier servicio público, debe ser eficiente y servir hacia esa justicia de calidad, ágil y eficaz que demandan los profesionales y el conjunto de la sociedad.

Por ello, desde la Abogacía, hace años que se viene reclamando la urgencia de un Pacto de Estado por la Justicia que parta de la consideración de la justicia como servicio público primordial más allá de intereses corporativos o partidistas y que contando con todos los operadores jurídicos y sobre la base de un amplio consenso diseñe un proyecto de justicia para nuestro país al margen del juego político o la alternancia-partidista en las responsabilidades de gobierno.

Ve con preocupación que la reciente disolución de las cámaras para la convocatoria de elecciones generales, suponga, como así es, la paralización de los instrumentos legales, en los que la abogacía ha tenido una participación activa importante como son las Leyes de eficiencia organizativa, eficiencia procesa y eficiencia digital del servicio público de justicia: pero especialmente se lamenta de que no se haya conseguido en esta legislatura la aprobación definitiva de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa una que suponía un paso adelante desde el punto de vista de la protección de la ciudadanía, al consolidar en un único texto con rango de ley orgánica todas las garantías vinculadas a la defensa legal y reforzando algunos aspectos importantes como la regulación del secreto profesional, el acceso de la ciudadanía a los tribunales, así como la ampliación de los derechos frente al servicio público de justicia, entre otros.

Sobre la situación derivada de las sucesivas huelgas de los diferentes operadores de la justicia el decano señala que se está llegando a límites muy graves para muchos despachos que ven paralizada su actividad profesional desde principios de año»; «la situación es insostenible»; «tras más de dos meses de huelga de los Letrados de la Administración de Justicia que supuso la paralización prácticamente absoluta de la actividad judicial, la huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia que ya se prolonga muchos tiempo esta provocando perjuicios irreparables en la profesión y será muy difícil que se llegue a recuperar una cierta normalidad».

«A nadie se le puede negar el ejercicio del derecho de huelga, pero ello no puede conllevar, durante meses, la paralización, y el bloqueo del normal funcionamiento de un poder del Estado, el Poder Judicial, y con ello la clara vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de la ciudadanía».

«Las reclamaciones salariales son legítimas pero su reivindicación -señala el Decano- está suponiendo un elevado coste para la ciudadanía y para unos profesionales que no son quienes tienen en su mano la solución del conflicto, por lo que hace un llamamiento a la responsabilidad de todos para poner fin a esta situación e iniciar el camino hacia una recuperación de la normalidad en el funcionamiento de la justicia».

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