Citados a declarar los días 19 y 20 todos los exconsejeros de Caja España, salvo Martínez-Maíllo

Todos los exconsejeros de la citada entidad de ahorro -hoy ya desaparecida- se encuentran acusados de administración desleal en el ejercicio de sus funciones en un proceso cuya denuncia inicial se sitúa en 2009. En su conjunto la cantidad global que se estima no fue administrada de forma ejemplar ascendería a unos 29 millones de euros. El procedimiento se retoma así después de que semanas atrás se denegara el archivo de la causa a requerimiento de parte.

La citación de los encausados por este caso ha sido recibida «de muy buen grado» por las defensas. Así lo ha advertido la letrada Paquita Cobos para quien el citado proceso se encuentra inmerso en una situación de «dilación indebida» que «daña» a sis representados. «No hay que olvidar que se trata de un procedimiento que proviene de una denuncia de 2009».

«Mis defendidos no tienen el más mínimo problema en acudir a defenderse de todos los errores que se contienen en las imputaciones del ministerio fiscal. Desde luego es falso que las defensas bloqueen la instrucción y cualquier defensa quiere que los procedimientos no tengan dilaciones indebidas como es este caso», también ha señalado.

Según la acusación los 14 consejeros de la sociedad podrían haber cometido un delito de administración desleal en la refinanciación de créditos a quien entonces ocupaba la presidencia del consejo de administración, el empresario leonés Santos Llamas.

En la actualidad la acusación afecta Fernando Martínez-Maillo, vicesecretario de organización del PP; José Antonio Turrado, secretario regional de Asaja; Artemio Domínguez, alcalde de Medina de Rioseco y diputado provincial por el Partido Popular en Valladolid; Javier García Prieto, concejal por el Partido Popular del Ayuntamiento de León; Francisco Fernández, exalcalde del Ayuntamiento de León -PSOE-; Miguel Ángel Álvarez, exconsejero de Caja España-Caja Duero por UGT; Bernardo Fernández, exconsejero de Caja España-Caja Duero por UPL; Alfredo Fernández Salvadores, exconsejero de Caja España-Caja Duero por Csica; Juan Elicio Fierro, exconsejero de Caja España-Caja Duero por el PP; Marcos García, exsecretario de Caja España-Caja Duero ; Zenón Jiménez-Ridruejo Ayuso, exconsejero Caja España Caja Duero por el PSOE; Begoña Núñez, Olga Palacio -PSOE-y Alejandro Menéndez.

Tal y como consta en el proceso y remarca la fiscalía todos ellos no habrían velado por los intereses de Caja España y permitieron que ésta mantuviera 'vivos' créditos a favor del presidente de la misma, Santos Llamas, pese a tratarse de concesiones financieras de imposible cobro.

El procedimiento actual proviene de las diligencias previas nº 1.917/2013 que fueron incoadas por el Juzgado de Instrucción nº 5 de León, como consecuencia de la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal.

En su conjunto Santos Llamas llegó a mantener una deuda con la entidad (teniendo presente todas las sociedades en las que participaba con un 20% o superior) de 76,7 millones de euros. De ellos casi 68 millones fueron aportados por la entidad primera (Caja España) mientras que otros 8,8 provenían de la segunda entidad (Caja Duero).

El empresario, al ser titular de deudas con la entidad que presidía, se encontraba inhabilitado para ocupar el citado puesto de presidente, pese a lo cual los consejeros en ningún caso se opusieron ni hicieron notar esa condición. Por los mismos motivos, Santos Llamas también estaba inhabilitado para ejercer como consejero.

Se trata, tal y como consta en el proceso, de operaciones aprobadas durante los años 2010, 2011 y el 26 de enero de 2012, que tenían por finalidad la refinanciación o restructuración de deudas «sin aportación de nuevas garantías eficaces, efectuadas una vez que había vencido el plazo de carencia de pago de intereses y principal que se había concedido el 8 de enero de 2009, y que ponían de manifiesto la incapacidad de los acreditados para hacer frente a sus compromisos de pago en las fechas de su vencimiento», según una resolución emitida en su día por la Audiencia Provincial en la que se reclamaba el retorno de la causa a su juzgado y el avance en el procedimiento.