El chiringuito piramidal de Caja España: 139 afectados, 6,4 millones estafados y diez años de prisión para la artífice

El juicio arrancará el lunes 3 de febrero y se prolongará hasta el 20 en un total de 12 sesiones. En el banquillo de los acusados también estará su marido, que se enfrenta a una pena de un año, 10 meses y 21 de cárcel como cómplice de su mujer.

Por último, la Fiscalía entiende que tanto el matrimonio como el Banco Ceiss deberán responder civilmente a la indemnización de los 139 estafados, teniendo que abonar hasta 200.000 euros el hijo de la pareja por lucrarse de los beneficios de la estafa.

Según el escrito de calificaciones previas a las que ha tenido acceso leonoticias, María Consolación S.V., prestó servicios para Caja España en diferentes cargos en la entidad desde 1986, siendo su último destino una sucursal en Armunia.

Dada su experiencia y situación cercana a altos directivos y el acceso que tenía a los datos, en el año 2002 ideó un sistema para obtener dinero efectivo de parientes y personas allegadas, a las que informaba de determinadas inversiones en productos financieros que estarían reservadas a los altos cargos y que, al alojarse en paraísos fiscales en Jersey, producían una alta rentabilidad.

Gracias a esa confianza, esas personas le hicieron entrega de importantes sumas de dinero en efectivo, del que disponía la acusada sin suscribirse ningún producto financiero a nombre de esas personas ni entregarlo a Caja España, recibiendo a cambio unos documentos que la acusada había elaborado estampando o escaneando los distintivos de Caja España y Caja Duero -incluyendo en alguna ocasión los del Banco Pastor, así como el sello de la entidad y una firma ilegible.

En los documentos constaba la identidad del inversor, la cantidad aportada, el domicilio en un país extranjero de la sociedad depositaria y gestora de los fondos, la alta rentabilidad y otros datos relativos a la inversión. Además, se informaba a los inversores de que se garantizaban el 100% de la inversión a la par que se les pedía confidencialidad, dado que eran inversiones reservadas a un círculo reducido y privilegiado de personas.

En ejecución de dicho plan, desde el 2002 al 2011 la acusada iba entregando a los supuestos inversores unas cantidades que habían abonado otros, en concento de intereses o rentabilidad del producto financiero que habían adquirido, perfeccionando el engaño y con el objetivo de dar credibilidad a las inversiones que estaba realizando y aumentar la confianza ganada para así mantener las inversiones.

A medida que las inversiones aumentaban, aquellas que entregaban importantes sumas de dinero veían como era más frecuente el retraso en el pago de las rentabilidades, la acusada ganaba su confianza asegurando que el interés se acumulaba al capital.

Todas las entregas se realizaban en metálico dado que María Consolación aseguraba que daba la confidencialidad del producto era desaconsejable la transferencia bancaria, siendo habitual que contactase con los inversores engañados en su domicilio o en lugares privado.

En la recogida de dinero y entrega de documentos fuera de las sedes de Caja España, María Consolación era acompañada frecuentemente de su marido que, según remarca el Ministerio Fiscal, estaba al corriente de las operaciones fraudulentas, contactando con parientes y conocidos, efectuando ingresos con ese dinero en cuenta del matrimonio.

En este punto, la Fiscalía apunta que la pareja había aumentado notablemente su nivel económico de vida así como el del hijo de ambos, que obtuvo una finca de 495 metros cuadrados en Onzonilla en la que existe una vivienda de 223 metros, un Audi A7, un quad, una motocicleta Honda, un ciclomotor e ingresos por valor de 115.330,85 euros entre 2004 y 2011.

Ante la imposibilidad tranquilizar a los supuestos clientes dado el crecimiento de peticiones para el reembolso de los intereses, María Consolación aumentó frenéticamente el contacto con eventuales inversores, acudiendo a informar del falso producto financiero a personas con las que tenía menos vínculos personales así como de trabajadores que se iban a prejubilar e iban a obtener importantes cantidades de dinero.

A finales de 2011, la situación se hizo insostenible al no poder hacer frente a las peticiones de reembolso de los inversores, que empezaron a realizar reclamaciones a Caja España, lo que motivó una auditoría interna. Las cantidades estafadas ascienden a los 6.412.525,10 euros y el número de perjudicados fue de 139 personas, con cantidades aportadas que superan en algunos casos los 280.000 euros.

El Ministerio Fiscal entiende que los hechos son constitutivos de un delito de estafa de especial gravedad por la cantidad defraudada y con abuso de relaciones personales y un delito continuado de falsedad documental mercantil, entendiendo a María Consolación como autora de los delitos y a su marido cómplice. Además, entiende que el hijo del matrimonio es partícipe a título lucrativo del delito de estafa.

Por todo ello, solicita una pena de nueve años, once meses y 21 días de cárcel, así como una multa de 25 meses y 21 días a razón de diez euros diarios. Para el marido en calidad de cómplice solicita una pena de un año, 10 meses y 21 de cárcel y una multa de un año y 21 días con una cuota de 10 euros.

Por último, entiende que los acusados con la responsabilidad civil y subsidiaria del Banco Ceiss y debiendo responder civilmente hasta la cantidad de 200.000 euros el hijo del matrimonio deberán indemnizar a los 139 estafados.

Por su parte, la defensa de María Consolación remarca que su cliente actuó en todo momento como mera intermediaria en un negociado gestionado por personal de Caja España y que lo hizo con la única intención de beneficiar a sus familiares y amigos íntimos.

En este sentido, señala que entre 2002 y 2011 no hubo un enriquecimiento injustificado de su patrimonio, es más en 2011 la familia adquirió una importante deuda que a día de hoy siguen pagando, teniendo embargadas todas sus propiedades y cuentas. Por todo ello, entiende que los hechos no son constitutivos de delito alguno y solicita su libre absolución.

Subsidiariamente y en caso de que los hechos puedan ser entendidos por un delito de estafa, la defensa remarca que no se puede hablar de autoría y sí de complicidad, apreciándose los atenuantes de dilación indebida y reparación del daño, dado que María Consolación abonó 456.000 euros para resarcir a muchas de las personas que le habían entregado dinero para las inversiones que ella mediaba.

Por todo ello y en caso de que se aprecie su autoría como cómplice, solicita una pena de entre nueve y 18 meses de cárcel y una multa de entre tres y seis meses.