La 'ceremonia de la confusión' a la hora de fijar la desescalada crispa a empresarios y sociedad

No fue la única cifra que se modificó como referencia. Al porcentaje de ocupación de las UCI a nivel local, provincial, se sumó al autonómico en una 'guerra de cifras' que en función de cómo sean autorizadas puede adelantar o retrasar los plazos.

A ese permanente estado de modificaciones, y con la certeza de que cada etapa debe ser ratificada por un análisis de dos semanas, se suma el cruce de valoraciones desde el propio Ejecutivo.

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, aseguró que este próximo lunes se analizará la posible relajación en las medidas actuales. Los consejeros Suárez-Quiñones y Ángel Ibáñez fueron más lejos: sí o sí a las 00:00 horas del lunes se aliviarán las medidas. Apenas unas horas después el propio presidente de la Junta, Fernández Mañueco, regresaba al punto de partida: nada está claro hasta el lunes.

Esa sensación de 'ida y vuelta' ha terminado por crispar a los empresarios leoneses cuyo nivel de enfado supera cualquier cota imaginable.

El Círculo Empresarial Leonés (CEL) exigió este miércoles «criterios claros» para evitar confusión y que permitan la apertura de aquellos sectores que se encuentran «al límite de su resistencia».

A pesar de considerar «positivo» conocer con la suficiente antelación los nuevos criterios y baremos y las previsiones que maneja la administración autonómica de cara a la reapertura de los negocios cerrados o muy restringidos en su actividad «para saber a qué atenernos en cada momento y también de cara a Semana Santa».

Desde el CEL señalaron que la flexibilización de las medidas «debería regirse por criterios provincializados y no por un baremo generalizado para una Comunidad tan extensa y con grandes diferencias en las tasas de contagio y de ocupación de UCI».

Los empresarios del CEL pidieron un marco «estable y claro» que evite «la confusión, los cambios continuos de criterios y la sensación de descontrol e inseguridad jurídica» y una actuación política «rigurosa», que «dé confianza a los ciudadanos y que permita encarar un proceso de desescalada ordenado y responsable por parte de todos».

«Siempre hemos defendido que la salud está por encima de todo, pero también la necesidad de conjugar economía y salud pública y el derecho de las personas a ganarse la vida ejerciendo su actividad. Si por razones científicas en la evolución de la pandemia la administración obliga al cierre de determinados establecimientos, lo lógico es que se compense con ayudas directas, como han establecido en otros países», explicaron.

La sensación de hartazgo en este punto es indudable. «Así es imposible, hasta el mismo lunes no sabemos si tenemos que sacar a algún empleado del Erte mientras el negocio se hunde», aseguraba con desesperación este miércoles un conocido empresario hostelero leonés.

Todo, mientras las anheladas ayudas directas «no se implementan» en aquellos «sectores que antes de la pandemia eran competitivos y ahora se encuentran en una situación extremadamente compleja», como es el caso del sector turístico, hostelería, restauración, gimnasios y centros deportivos, pequeño comercio, empresas de eventos, culturales, salones de banquetes y «un largo etcétera de negocios que están al límite de su resistencia, sin apenas ingresos o con pérdidas de hasta el 60 por ciento, en el caso del comercio minorista, asumiendo el pago de impuestos y costes fijos y prácticamente sin ninguna ayuda o compensación».

Esa sensación de desconcierto se ha trasladado ya a la sociedad general donde se esperan las medidas «que vengan», sin más. Y mientras se espera lo que ocurra a nivel legal esa apatía se contagia al consumo y por extensión, advierten los empresarios, a la actividad económica y el empleo.

De momento nadie sabe qué puede ocurrir el próximo lunes más allá de que los indicadores (incluyendo ese 35% de ocupación en UCI) se están acercando de forma paulatina a lo que la Junta estima necesario para dar un paso al frente. Si efectivamente se asume habrá que esperar tras esta decisión otras dos semanas de impax para evaluar el efecto de las medidas acordadas.