Un centenar de vigilantes de la seguridad privada exigen salarios dignos y el fin de «empresas pirata»

El responsable de Seguridad de Castilla y León CSMC-UGT, Gregorio Fernández, considera que estas cantidades «no se corresponden con la pérdida del poder adquisitivo de nueve puntos en los últimos años».

La propuesta sindical es de una subida del 2,5% en los tres próximos años -2017, 2018 y 2019- que subsane los nueve puntos de poder adquisitivos perdidos en los vigilantes de seguridad desde el inicio de la crisis.

Con respecto a las empresas 'pirata', instan al Gobierno, a la administración y a las empresas privadas a que no contraten estos servicios. «Es uno de los mayores problemas del sector», recuerdan.

Este tipo de compañías emplean al 20% de los 80.000 vigilantes que hay en España hoy en día. Sus convenios están amparados por la reforma laboral y las diferencias salariales «alcanzan los 400 euros con respecto al convenio estatal».

Evelio Domínguez, del sindicato CCOO de León en el sector de la construcción y servicios, se muestra contrario a estas «empresas auxiliares que nos están abocando a salarios de 700 y 800 euros». Por ello buscan regularizar el sector para que no puedan actuar y que la administración «dé ejemplo» no contratándolas.

En junio, la seguridad privada ya realizó otra concentración para evitar los recortes con el convenio de incapacidad por enfermedad, la antigüedad y la jornada de transporte de fondo y consiguieron detener la propuesta de la patronal.

Ahora, entienden que ya han pagado con creces la crisis y quieren exigir a Aproser y CES algo más decente para los trabajadores del sector.