UPL y CCRL consideran «absurdo e innecesario» el «despilfarro» de conmemorar el 35 aniversario del Estatuto de Castilla y León

El procurador de Unión del Pueblo Leonés (UPL) en Cortes, Luis Mariano Santos, ha registrado dos preguntas en el parlamento autonómico, a instancias del Colectivo Ciudadanos del Reino de León (CCRL), en las que pregunta a la Junta por el gasto de dinero público empleado para conmemorar los 35 años del Estatuto de Castilla y León.

En este sentido, cabe señalar que el principal acto conmemorativo del 35 aniversario del Estatuto tuvo lugar el pasado 9 de noviembre en el monasterio de Las Claras de Tordesillas (Valladolid), en el que, según recuerda el procurador leonesista, «se invitó al casi medio millar de procuradores que han pasado por las Cortes autonómicas, incluyendo a los ex presidentes de la Junta, a los que sumaría el ejecutivo actual de la Junta».

Este hecho, ha motivado que desde UPL y CCRL hayan cuestionado a la Junta por el dinero público empleado en pagar «comidas, alojamientos y viajes» a todos los invitados a dicho acto, así como el dinero gastado por la Junta para publicitar en los medios el 35 aniversario del Estatuto, que supuso el certificado de nacimiento de la comunidad autónoma de Castilla y León.

Por otro lado, los leonesistas recuerdan que los actos realizados en Tordesillas el pasado mes no han sido los únicos desarrollados para dicha conmemoración, ya que a ellos se suman «otras actividades como exposiciones o encuentros realizados dentro y fuera de la comunidad autónoma para conmemorar los 35 años de existencia de la autonomía de Castilla y León», por lo que exigen conocer el dinero público empleado en el desarrollo de todas estas actividades.

Asimismo, UPL y CCRL solicitan en sus preguntas una valoración, por parte de la Junta, del propio hecho de llevar a cabo dichos actos conmemorativos de los 35 años del Estatuto, a la par que instan al ejecutivo autonómico a tener en cuenta, de cara a dicha valoración, «las deficiencias de financiación que poseen las dos regiones de la autonomía en materias como el mantenimiento de la sanidad pública o el patrimonio monumental».