Castilla y León reclama al Gobierno los 8,8 millones para los daños del lobo antes de acudir a la justicia

En ese sentido, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio espera tener en los próximos días una respuesta a este requerimiento por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO). De no ser así, interpondrá recurso contencioso administrativo al no haberse formalizado la asignación de 8,8 millones, el 44,26 por ciento del total distribuido a nivel nacional.

Estas partidas estaban previstas para compensar a las ganaderías que están sufriendo daños y perjuicios por los ataques del lobo en el medio rural, así como para la financiación de medidas preventivas.

Al respecto, Medio Ambiente señaló que que el Gobierno no ha transferido esta cantidad a las comunidades que votaron en contra de la Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo –además de Castilla y León, también Galicia y Cantabria, que aglutinan más del 90 por ciento de los ejemplares de España. Sin embargo, sí lo ha ha hecho a las comunidades que votaron a favor de dicha estrategia.

De otro lado, la Junta recordó que sigue abordando con fondos autonómicos los casi dos millones de euros anuales de compensación de daños a los ganaderos e implementará, con cargo al PEPAC, líneas de ayudas para prevención de daños, sin que llegue ninguno de los fondos prometidos por la ministra Teresa Ribera.

Con independencia a la modificación del estatus del lobo, según la Junta, se aprobó en la reunión del 28 de julio un acuerdo «específico e independiente» del de la estrategia, que Castilla y León apoyó con su voto favorable, sobre los criterios y distribución territorial entre las comunidades de los créditos presupuestarios relativos a los fondos correspondientes para paliar los daños producidos por el lobo a la ganadería extensiva, así como la distribución territorial entre las comunidades autónomas de los créditos presupuestarios relativos a los fondos correspondientes a la realización de medidas preventivas para la gestión del lobo, anualidad 2022.

En concreto, el reparto territorializado de fondos asigna a Castilla y León las cuantías de 4,85 millones de euros de una dotación total de 10,5 millones para medidas preventivas, y 3,99 de un total de 9,5 para indemnización de daños. En total se asignaron a Castilla y León 8,85 millones, de un total de 20 millones, lo que representa el 44,26 por ciento del total distribuido a nivel nacional.

Sorpresa

La Junta denunció la «sorpresa» con la que junto a otras comunidades contrarias a la Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo -como Galicia y Cantabria, recibieron el 5 de agosto un escrito del secretario de Estado, por el cual se exige a la Junta de Castilla y León el compromiso por escrito de esta administración de «aplicar y velar por la aplicación de la estrategia en todos sus elementos» para la transferencia de las partidas correspondientes.

El 16 de agosto, Medio Ambiente contestó a la Secretaría de Estado y manifestó la discrepancia con el criterio definido por este departamento ministerial, adelantando ya la posibilidad de acudir a la vía judicial para recurrir aquellos aspectos de la Estrategia no ajustados a derecho.

De esta forma, indicó, las transferencias de fondos correspondientes se materializaron el pasado 28 de agosto a algunas comunidades autónomas, pero no a la de Castilla y León, a la que el secretario de Estado exigía previamente «el compromiso por escrito de aplicar y velar por la aplicación de la Estrategia», con la que públicamente mostró su desacuerdo.

Ante esto, la Junta reiteró nuevamente al secretario de Estado mediante un escrito del 7 de octubre que procediera transferir los fondos previstos, para «planificar los créditos y llevar a cabo las urgentes actuaciones necesarias para la convivencia de las actividades del medio rural con el lobo».

Así, el 10 de octubre la Junta recibió contestación del secretario de Estado a la carta enviada por la Junta en agosto, negando nuevamente la transferencia a Castilla y León en tanto no se procediera al compromiso escrito de velar por la aplicación de la estrategia, sin que hasta la fecha se haya recibido contestación a la segunda misiva de la Junta.

Pernicioso

Medio Ambiente consideró que resulta «pernicioso» que se exija por escrito a la Junta de Castilla y León la aplicación de la estrategia «en todos sus elementos», máxime cuando la Comunidad en los trámites de consultas previas a la aprobación de la propia estrategia reiteró al Ministerio que la inclusión de un procedimiento para la extracción de lobos como documento técnico anejo a la estrategia no se ajustaba a derecho.

Este protocolo, incluido en la Estrategia, desarrolla, según la Junta, las normas previas hasta tal punto que se establecen nuevas obligaciones y trámites administrativos «preceptivos» por las comunidades autónomas sin que -insistió- «tengan el correspondiente respaldo jurídico».

Compromiso con los ganaderos

De otro lado, el importe ya destinado íntegramente por la Junta para el abono de los daños por lobo asciende a un importe próximo a los 1,9 millones anuales, de los cuales 1,2 son en concepto de pagos compensatorios y 700.000 euros en concepto de responsabilidad patrimonial correspondientes a más de 2.600 ataques y más de 4.200 cabezas de ganado muertas al año.

Sólo en la provincia de Ávila los daños han pasado en 2015 de tener 489 ataques y 631 cabezas de ganado muertas, a una media en los últimos tres años (2019-2020-2021) de 1.500-1.600 ataques y 1.500-1.700 cabezas de ganado con un importe promedio anual de 720.000 euros en concepto de pagos compensatorios y 500.000 euros en la vía de responsabilidad patrimonial (1,2 millones al año en pagos por daños sólo en la provincia de Ávila).

Aunque la Audiencia Nacional rechazó la medida cautelar de de suspender la protección del lobo en España, se iniciaron los trabajos técnicos para proceder a la modificación de la actual normativa de pagos compensatorios por daños con el objetivo de que cualquier ataque sea adecuadamente compensado por la Administración.

A su vez, la actualización de la normativa, recordó la Junta, estará acompañada de una revisión de los baremos aplicados, algo que se encuentra «muy avanzado» y que iniciará su revisión conjuntamente con las organizaciones profesionales agrarias en las próximas semanas. Entre las cuestiones que se han mejorado en estos borradores se encuentran la definición de forma precisa, y de acuerdo a los precios de mercado, tanto los daños emergentes como el lucro cesante, pérdidas de fecundidad así como los gastos económicos de los ganaderos derivado del daño así como los gastos variables en diferentes supuestos, como son los casos de preñez y aborto del animal, gastos veterinarios y medicamentos en caso de animales heridos, así como de eutanasia.

Estos nuevos baremos, a la vista de la revisión y nuevos conceptos a incorporar, supondrán un incremento significativo respecto de los baremos vigentes y aprobados en 2019.

Adicionalmente, dentro de la programación del Plan Estratégico de la PAC de España (PEPAC), se ha programado la ejecución de la intervención destinada a las ayudas a inversiones no productivas en explotaciones agrarias vinculadas a la mitigación-adaptación al cambio climático, uso eficiente de los recursos naturales y biodiversidad.

En concreto, se busca fomentar la compatibilidad de la existencia de explotaciones ganaderas o apícolas con la conservación de las poblaciones de grandes carnívoros, como el lobo, mediante actuaciones subvencionables en materia de prevención, como la adquisición de perros para protección del ganado o instalación de vallados, entre otras.

Para ello se destinará 1,75 millones de euros, importe que será ejecutado a través convocatorias anuales durante el período de programación del Plan Estratégico de la nueva PAC, que se aplicará de 2023 a 2027, estableciéndose previamente las correspondientes bases reguladoras de las subvenciones a conceder.