Cargos del PP de León llevan a la Fiscalía al presidente provincial por «malversación, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental»

La denuncia, a la que ha tenido acceso leonoticias, se encuentra encabezada por el alcalde de la localidad de Villaquilambre, Manuel García, quien ha formalizado la misma en representación de una decena de cargos públicos del partido.

En el desarrollo de la demanda presentada ante la Fiscalía se detalla literalmente que «al amparo de los artículos 259, 262 y 264 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que impone obligación a quien presencie o tuviere noticia de la comisión de cualquier delito público, de los que deben perseguirse de oficio, vengo a interponer denuncia penal, sin menoscabo de que las actuaciones y diligencias practicadas por esta Fiscalía pudieran apreciar otros hechos de naturaleza penal».

En concreto se alude a los citados delitos de «malversación, tráfico de influencias, prevaricación, comisión de deber de perseguir delitos, estafa, falsedad documental, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, administración desleal», entre otros.

La denuncia plantea la posibilidad de que estos delitos pudieran apreciarse en la figura de Javier Santiago Vélez, presidente del Partido Popular de León y, actualmente con el cargo de Senador en las Cortes Generales«.

La denuncia contra Javier Santiago Vélez aporta el informe de una agencia de detectives y resguardo de pagos de cuotas, entre otros documentos probatorios, además de apuntar las diferentes informaciones publicadas en las últimas semanas por leonoticias.

La denuncia esgrime a lo largo de siete folios las posibles acciones no legales que habrían sido ejercidas por Javier Santiago Vélez, al mismo tiempo que se aporta soporte documental para acreditar las mismas.

Concluye la demanda ante la Fiscalía que «por todo lo anteriormente expuesto, es palmario que se ha incumplido la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos y, por lo tanto, se ha incurrido en la comisión de un delito tipificado en los arts. 304 bis y 304 ter del Código Penal, que sancionan como autor de un delito de financiación ilegal de partido político al que reciba donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores con infracción de lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/2007 de financiación de partidos políticos, y al que participe en estructuras u organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza, cuya finalidad sea la financiación de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, al margen de lo establecido en la ley».