El Ayuntamiento ve peligrar los 3,5 millones de impuesto de plusvalías para 2022

En el caso de León esa partida de 3,5 millones es la prevista para el borrador de presupuestos y está medio millón de euros por debajo de los ingresos reales del ejercicio actual.

De este modo en 2021 León ingresó cuatro millones de euros, si bien la partida sufrió un importante incremento por las liquidaciones pendientes. En realidad el presupuesto actual contempla ingresos por dos millones y medio de euros.

Ahora Hacienda estudia la sentencia y ya trabaja en un borrador legal para garantizar que el tributo sea acorde a derecho. Los ayuntamientos, mientras, abogan por que sea Hacienda quien deba devolver las partidas indebidamente cobradas a la espera de una nueva norma.

Fue este martes cuando el Tribunal Constitucional dio un golpe casi definitivo al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVITNU), conocido popularmente como la plusvalía municipal.

El Pleno ha decidido declarar inconstitucionales y, por lo tanto nulos, varios artículos que establecen cómo se calcula este tributo que aplican los ayuntamientos sobre el incremento del valor de los terrenos cuando se hereda, se vende o se dona un inmueble. Y que supone una buena parte de los ingresos para las arcas públicas locales, de unos 2.500 millones de euros anuales. Para muchos, de hecho, es una de las principales fuentes recaudatorias, solo por detrás del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

En concreto, la sentencia aprobada ayer afecta a los artículos 107.1 párrafo segundo, 107.2 a) y 107.4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, al considerar que ese cálculo del tributo se realiza como si siempre existiese un aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición, «con independencia de que haya existido ese incremento o no y de su cuantía real». Es decir, que el sistema de cómputo no se corresponde con la realidad.

El fallo, no obstante, ha despertado cierta reticencia entre algunos magistrados, y cuenta con el voto particular concurrente del presidente Juan José González Rivas y los votos discrepantes del magistrado Cándido Conde-Pumpido y de la magistrada María Luisa Balaguer.

Aunque todos ellos ya se han pronunciado, la sentencia tardará unos días en publicarse. Yla polémica está servida, porque hay ayuntamientos, como el de Madrid, que acusan al Ejecutivo de no haber hecho nada para modificar las reglas del tributo después de dos sentencias anteriores a esta en las que el Constitucional ya se había pronunciado en su contra.

En concreto, el Tribunal declaró inconstitucional en 2017 la fórmula mediante la que se gravaban las operaciones inmobiliarias a pérdida para el contribuyente, que tenía que pagar impuestos pese a no haber registrado plusvalías. En un fallo más reciente, en 2019, también se cuestionó el cálculo del impuesto, anulando la posibilidad de que lo cobrado por el tributo fuese superior al incremento patrimonial que el contribuyente obtenía con el traspaso de una vivienda.

Esto supondría tributar por una renta inexistente, provocando un exceso de tributación contrario a los principios constitucionales de capacidad económica.

Ahora, con el nuevo fallo, se anula todo el tributo incluso cuando hay ganancias en la operación. En principio, y a la espera de conocer el texto definitivo de la sentencia, la medida se aplicaría a las operaciones firmadas a partir de la fecha de publicación. Es decir, sin carácter retroactivo.

Conscientes de la polvareda que se avecina por parte de los ayuntamientos, que dejarán de percibir esos ingresos, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha comunicado, a las pocas horas de conocerse el fallo, que ultima «un borrador legal que garantizará la constitucionalidad del tributo, ofrecerá seguridad jurídica a los contribuyentes y certidumbre a los ayuntamientos». La idea es adaptar el tributo a lo que dicte el Tribunal Constitucional. Pero para muchos esta actuación llega demasiado tarde y ha creado una fuerte inseguridad jurídica a los consistorios.

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, se mostró prudente al asegurar que «debemos esperar a conocer la exactitud de la decisión del alto tribunal». El también alcalde de Vigo considera que, de confirmarse la primera interpretación «se plantearía una nueva norma que permita restablecer el impuesto con 'justicia de recaudación'.

Bajo este escenario, la Federación tiene previsto ponerse en contacto con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para analizar de forma conjunta una solución.