El Gobierno abre la puerta a que la Junta pueda cobrar por el uso de sus 744 kilómetros de carreteras en León

Una vez que el mismo se haga efectivo se abriría una segunda puerta que, según el citado documento, permitiría que las comunidades autónomas aplicaran una tasa por desplazamiento en sus propias vías.

La medida forma parte de ese proyecto de reformas remitido a Bruselas y el mismo da pie a que en un plazo posterior a 2024 las comunidades se financien con este nuevo impuesto. El importe en este caso sería a determinar pero podría situarse por debajo del previsto para el primero de los casos (tres céntimos por kilómetro recorrido).

En la actualidad la Junta de Castilla y León cuenta con 11.300 kilómetros de viales en todo el territorio. La red autonómica de carreteras se clasifica en esas dos categorías: red básica y red complementaria.

La funcionalidad de la red básica atiende al tráfico de largo recorrido y asegura la comunicación entre los principales núcleos de población. El resto de carreteras conforman la red complementaria, que se subdivide en preferente y local.

Hay otros tramos de pequeña longitud y sin funcionalidad en la red autonómica, que son los tramos denominados sin clasificar.

En el caso de la provincia de León la red básica está formada por 483,977 kilómetros, a los que se suman 739,610 de la red complementaria preferente y 584,325 de la local. En su conjunto el número de kilómetros que se podrían ver afectados de forma hipotética alcanzaría los 1.807,912 en toda la geografía local.

La Junta de Castilla y León rechazó de plano la posibilidad de implantar peajes en vías nacionales y autonómicas, una medida que podría establecer el Gobierno para cumplir con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas. En este sentido, el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, consideró que se trata de una «penalización» para los habitantes de una comunidad de 94.000 kilómetros cuadrados de superficie y a la lucha por el reto demográfico.

«Estamos pidiendo que baje el coste del transporte y ponga el tren de madrugadores y encima calza otro coste», espetó Igea, quien lamentó que el Gobierno no esté preocupado por el reto demográfico y castiga a un territorio con el mantenimiento de un servicio «que se hace por km y no por población», pero a la hora de la financiación «sí lo hace por población».

En el mismo sentido se postuló el consejero de Fomento y Medio ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, responsable del área en la Comunidad, quien reprochó que «incrementar los costes de actividad por carretera es incrementar los costes a la ciudadanos». «A los ricos les puede dar igual, pero penaliza a las rentas más modestas. Hay que administrarse bien», dijo el consejero, quien aseguró no entender que un Gobierno con una Vicepresidencia para el Reto Demográfico «siempre implanta este tipo de medidas, en contra del propio reto demográfico»

La medida tiene aún un amplio recorrido por delante pero ya se ve reflejada en los compromisos remitidos a Bruselas a cambio de los 140.000 millones de ayudas. 2.000 folios en los que se resumen las medidas a alcanzar para conseguir remodelar el sistema financiero español y hacer frente a los costes extraordinarios derivados de la pandemia.

«Reformas en materia de movilidad que se enuncian a continuación: primero, crear un pago por uso de la red viaria de carreteras». Ése es el capítulo clave de la reforma que afecta al 'consumo' de carreteras que será analizado en 2022 y puesto en marcha en el escenario nacional en 2024. A partir de ahí entraría en vigor la lectura autonómica.

En la actualidad 23 de los 27 países de la Unión Europea pagan ese tipo de peajes en alguna de sus vías y un total de 15 de los 27 cobran en toda su red de carreteras.

Fijada la decisión política solo queda conocer el modelo a aplicar. En el caso de Alemania o de Suiza se cobra un impuesto directo sobre el automóvil, lo que equivale a un pago por uso anual.

España sin embargo es hoy más partidaria de aplicar un 'peaje blando' al estilo de Portugal en el que se paga en base al número de kilómetros recorridos.

Tras el pago en las autovías, definido en el documento y de aplicación en los próximos ejercicios, se abrirá esa segunda puerta que permitirá que las autonomías fijen el cobro en todas sus carreteras regionales. Todo ello con el objeto de obtener ingresos que les permitieran acometer el cumplimiento o saneamiento de sus cuentas.