La Audiencia archiva el 'caso Caja España' y da por prescrita la causa

El auto: «No hay delito continuado... y sí existe un posible fraude procesal»

El contundente auto emitido por la Audiencia Provincial al que ha renido acceso leonoticias y concluye con el archivo de las actuaciones en el caso 'caja España' no solo supone el fin del proceso sino que carga contra quienes con una actuación no acorde han participado en el mismo

Así el auto relata que «quizás tal actitud de inhibición de las acusaciones (la pasividad al respecto de la propia juez instructora también resulta destacable) tenga que ver con el hecho de que, al margen de que tales operaciones posteriores a enero de 2.009 se mencionen en la denuncia con remisión a los datos que figuran en el informe de los inspectores del Banco de España».

Y advierte: «Un simple examen de dichas operaciones revela claramente su inocuidad, por referirse a préstamos que, o bien no fueron hechos efectivos al no ser aprobados, o bien cuyos saldos no fueron dispuestos, o bien, finalmente, eran de una cuantía ínfima si se compara con los que fueron objeto de la citada sesión de enero de 2.009, únicos en los que se centró, en definitiva, la investigación judicial, al margen de que alguno o algunos de los consejeros que participaron en la misma pudieran haber formado parte de las posteriores».

Todo ello antes de evidenciar la «contradicción que existe entre la actitud omisiva de las acusaciones [...] y la que muestran ahora [...] casi alcanza la categoría de fraude procesal y denota la debilidad de tal alegato». «Y ni siquiera es aceptable la tesis, [...] de que nos hallamos ante un delito continuado [...]», ha remarcado.

Los plazos 'caducaron'

Las concluyentes afirmaciones del auto procesal dado a conocer este miércoles y que ha adelantado leonoticias recuerda que las actuaciones a las que hace alusión se encuentran prescritas. Y lo justifica: «[...] si pensamos que las operaciones posteriores a enero de 2.009 se realizaron en momentos distintos y por personas diferentes, tanto las personas jurídicas que las adoptaron como las físicas que, como consejeros, formaron en cada caso parte de los órganos adoptantes de los acuerdos».

En conclusión, por tanto, «debe compartirse con el auto recurrido que el hecho objeto de la investigación y, por ende, del proceso, quedó delimitado en el acuerdo o acuerdos adoptados en la tantas veces mencionada sesión del Consejo de Administración de 'CAJA ESPAÑA' de 8 de enero de 2.009».

Además de todo ello advierte que «despejada la anterior cuestión, [...] surgen a continuación dos de índole procesal, planteadas por los recurrentes, [...] y que hacen referencia, en primer lugar, a la existencia o no de cosa juzgada y, en segundo lugar, respecto a la alegada infracción por parte del Juzgado, al apreciar la prescripción, del principio de rogación».

Y todo ello remarcando que «ninguna de dichas alegaciones tiene el más mínimo fundamento. [...]». Así «[...] en modo alguno podemos considerar que dicha denuncia o el auto de incoación correspondiente hayan interrumpido el plazo de prescripción del presunto delito que había comenzado a correr el 8 de enero de 2.009».

«En efecto, tal y como ya dijimos, en dicho auto, [...] ordena incoar Diligencias Previas, sin mencionar en ningún momento, ni en los antecedentes de hecho o en los fundamentos de derecho, o en la parte dispositiva, la persona o personas que pudieran ser presuntos responsables de tales hechos, [...]», también remarca.