Aucalsa espera recaudar 2.080 millones por el peaje que debía caducar este domingo

Los peajes cancelados recibían diariamente a más de 74.000 usuarios que han dejado de ceder parte de su renta en las concesionarias de peaje. Los 20.000 usuarios que la Campomanes-León captaba antes de la pandemia no gozarán de esa ventaja por mor de un Real Decreto dado en Madrid el 17 de marzo del año 2000, con la firma del Rey Juan Carlos y el ministro de Fomento Rafael Arias-Salgado. Modifica el contrato inicial, argumentando que lo hacía para contener las tarifas de una infraestructura que, actualmente, presenta el tercer precio más caro por kilómetro recorrido dentro de las autopistas de titularidad estatal.

Para compensar a la empresa por la rebaja que se anunciaba el decreto incluye 23 palabras que, elevadas al BOE, han cambiado la historia del transporte asturiano: «Se establece como fecha final del plazo de la concesión de la autopista Campomanes-León el día 17 de octubre del año 2050». El Ejecutivo democráticamente elegido y liderado por José María Aznar ampliaba así hasta el máximo legal de 75 años una concesión que el franquismo había calculado se podía rentabilizar en un plazo 29 años más breve.

De dar por buena la contabilidad que presenta Aucalsa ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que es supervisada por el propio Ministerio de Transportes, aquellos técnicos de la etapa predemocrática se habrían equivocado. Según esos datos, hasta el momento la recaudación acumulada desde el inicio de la concesión suma 904,6 millones, un capital que se habría diluido fundamentalmente en salarios, luz, conservación (al ser de alta montaña mantaner abierto el paso dispara los costes) y la devolución de los créditos pedidos para la obra.

El último informe del Gobierno central sobre el sector estima que el esfuerzo para ejecutar la autopista tuvo un valor actualizado de 654,032 millones. Tras pagar todos los costes operativos y repartir beneficios, Aucalsa indica que solo le quedó margen para amortizar hasta la fecha un 33,1% de aquel desembolso.

Se trata de una de las recuperaciones de capital más bajas de todo el sector. En base a esa escasa proporción, Aucalsa presentó al Gobierno central previsiones de inversiones e ingreso que vienen a justificar la necesidad de la prórroga para equilibrar la operación. Sus estimaciones apuntan a que de seguir en pie el peaje logrará una recaudación de 2.150 millones entre 2019 y 2050. Vistos sus números de los dos últimos cursos, la expectativa actualizada apunta a que los usuarios se dejarán 2.080 millones de aquí al final de la concesión.

Si es legal que los asturianos carguen con esa penalidad lo determinará el Tribunal Supremo y la Comisión Europea. Ante ellos ha registrado denuncias Podemos Asturias, con pronóstico favorable en las instancias comunitarias. Bruselas ya logró que los jueces declararan ilegal una prórroga similar aprobada por el Gobierno italiano. Hace unas semanas y en respuesta a una denuncia presentada el año pasado indicó que una ampliación idéntica a la asturiana aplicada a la AP-9 conculcaba las directivas comunitarias y pedía al Gobierno español poner una solución.

Lejos de asumirlo, el ministerio va a alegar defendiendo la legalidad de la prórroga, lo que alargará el conflicto. Eso sí, se espera que en el próximo presupuesto mejore las rebajas en la AP-66. Hay sin embargo expedientes que amenazan con incrementar el precio. Una directiva obliga a invertir 79 millones en modernizar los túneles y Aucalsa dice que si los paga tiene derecho a repercutirlos. También ha solicitado una compensación por la pérdida de ingresos sufrida en la pandemia.