El «atentado» a los servicios públicos en León: hay un déficit del 40% de trabajadores de la Junta

Un «atentado» a los servicios públicos de León. Así ha definido este martes la secretaria del sector de administración autonómica de UGT en León, Ruth Sanz, la situación que atraviesa la provincia de manera «continuada» desde hace más de un año y medio.

En una concentración a las puertas de la delegación de la Junta en León, cerca de medio centenar de trabajadores de la administración se concentraban para reivindicar una solución al déficit de empleados públicos tanto funcionarios como personal laboral. Unión General de Trabajadores calcula que casi en la totalidad de las diferentes consejerías de la Junta de Castilla y León en la provincia hay cerca de un 40% de déficil de personal. Ponen como ejemplo la Dirección Provincial de Educación, donde estiman que falta el 30 por ciento de personal administrativo. «Esto se refleja en que no se puede responder en los centros de manera eficaz y eficiente», señalaba Sanz, que denunciaba problemas en el llamamiento de bolsas laborales por la falta de personal que lo gestione.

Explican que el personal funcionario que realiza las gestiones de educación en primaria y secundaria se ha reducido a la mitad en los últimos años, y hay docentes en centros que «hacen funciones administrativas porque no hay personal». Denuncian que en la última convocatoria de auxiliares administrativos se ofertaron 399 plazas y «solo 18 venían a la provincia de León». «La Junta se ríe una vez más de nosotros», lamenta Sanz.

En el ámbito educativo denuncian una vez más los problemas de la implementación de la gratuidad de la educación de 1 a 3 años, y aseguran que el curso en la provincia ha empezado el 20 de septiembre porque hasta entonces «no se contrataron a los técnicos superiores de educación infantil en tiempo y forma para dar respuesta a las nuevas incorporaciones de gratuidad que Mañueco anuncia a bombo y platillo».

Ponen también de ejemplo la situación de los agentes medioambientales, y apuntan que si en la comunidad existe un déficit de 40 de estos profesionales, muchos de los que están en activo están realizando funciones administrativas ante la falta de personal.

Suman a estos casos el de la residencia de menores Suero de Quiñones, donde Ruth Sanz asegura que la administración autonómica está programando «una serie de despidos», los primeros en noviembre y más en enero y febrero. En el centro trabajan dos empleados fijos y diez eventuales, cuyos puestos no se han podido fijar por la falta de oposiciones. Ahora, con un nuevo convenio, entrará también un nuevo sistema y la Junta «a la chita callando ha conseguido que se hagan unas competencias funcionales nuevas y en lugar de cubrir los puestos por oposición se va a despedir a gente que lleva años trabajando para meter a personal eventual».

Califica la situación de «cachondeo y ninguneo» por parte de la Junta de Castilla y León a una provincia donde «se nos está fulminando, liquidando y faltando al respeto». Ante estos y otros casos expuestos, UGT anuncia más reivindicaciones y acciones legales porque el sector de los servicios públicos «ni se va a callar ni a parar».

• Temas
• Junta de Castilla y León
• UGT Union General de Trabajadores