Las asociaciones El Teixu, Faceira y Furmientu han remitido al Consejo de Europa un informe denunciando que la Junta de Castilla y León infringe «sistemáticamente» la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias (CELRM) del Consejo de Europa, y las recomendaciones de esta ... organización internacional de 2012 y 2016 para la promoción del leonés.
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Esta organización internacional tampoco ha recibido ni de la Junta de Castilla y León, ni del Estado Español, garante del cumplimiento de este tratado internacional de defensa de las lenguas minoritarias europeas, la información que se les solicita desde el año 2012 sobre la situación y las medidas adoptadas para la promoción del leonés.
El informe documenta que Castilla y León incumple «de manera contumaz» los aspectos esenciales de la CELRM en el caso del leonés, pues «esta lengua no se oferta como asignatura en el sistema educativo de la Comunidad» (artículo 7.1 f y g del tratado), la administración autonómica no despliega ninguna medida práctica para su promoción (artículo 7.1 c), tampoco se facilita su empleo oral y escrito en la vida pública y en la vida privada (artículo 7.1 d), ni se ha desarrollado legislativamente el artículo 5.2 del Estatuto de Autonomía once años después de su entrada en vigor (art. 7.1 parágrafo inicial).
El informe también detalla la «política discriminatoria» de la Junta de Castilla y León hacia los hablantes de leonés, vulnerando el art. 7.2 de la CELRM, y que tiene su expresión más elocuente en el hecho de que de las tres lenguas que ampara y reconoce el Estatuto el Autonomía en su artículo 5, la castellana (la única oficial), la gallega y la leonesa, esta última es la única que carece de protección en Castilla y León o de presencia en el sistema educativo de la Comunidad.
En una próxima visita a España del Comité de Expertos designado por el Consejo de Europa para evaluar el nivel de cumplimiento de la CELRM en nuestro país, representantes de las asociaciones que han elaborado el informe se reunirán con este órgano con el fin de solicitar el amparo europeo ante la política lingüicida de la Junta de Castilla y León que pretende la definitiva desaparición del leonés.
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