Medio centenar de letrados de administración de Justicia de León llamados a huelga indefinida desde este martes

Finalmente el colectivo ha cumplido con la amenaza de la que hace meses venían alertando tras convocar parones puntuales en abril, noviembre y diciembre de 2022 y no ver sus demandas atendidas ni solucionadas por parte del Ministerio de Pilar Llop. Este parón conllevará una paralización en el trabajo de los juzgados y tribunales del país.

La huelga indefinida de los llamados LAJ está convocada por los tres sindicatos que representan al colectivo: la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), el Colegio Nacional de Letrados y la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ).

El secretario de Estado de Justicia, Antonio 'Tontxu' Rodríguez, aseguró este lunes que la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia es «política» y «sin finalidad profesional alguna», denunciando «que quiere perjudicar a los ciudadanos». «Es una huelga contra el pueblo», ha incidido, al tiempo que ha criticado la actuación de las asociaciones convocantes y que ha solicitado a los Letrados que no secunden el parón.

Rodríguez ha reprochado la actitud de las tres convocantes de la huelga al considerar que la huelga indefinida «no tiene ningún motivo laboral», sino «claro motivos políticos». «Rebasa con mucho los objetivos sindicales y laborales», ha dicho al tiempo que ha recordado que las asociaciones «no son sindicatos» y que, por ende, no tienen reconocida en la Constitución la participación en la negociación colectiva.

Para el secretario de Estado «cualquier reclamación de este colectivo está fuera de lugar». Es absolutamente imprudente«, ha insistido tras recordar que »los que mañana comienzan una huelga cobran entre un 79% y un 140% más que otro funcionario de la Administración de Justicia de los mismos niveles«; una cifra a la que, según ha recordado, hay que sumar el aumento del 9,5% de los funcionarios. De acuerdo a los cálculos del Ministerio, el salario de un LAJ oscila entre los 30.000 y los 59.000 euros anuales.

Así, Rodríguez ha incidido en que «los LAJ han visto incrementado su salario en un 14%», algo «que no tiene equiparación» con otros funcionarios. «Son los que mejor cobran en sus niveles», ha dicho para luego incidir en que «los LAJ no son jueces, no son fiscales y no lo van a ser».

Además, ha destacado que ya se han normalizado los procesos administrativos demorados, en particular en materia de acceso al cuerpo, con las convocatorias de ofertas de empleo públicas correspondientes a 2019, 2020 y 2021.

Al hilo, el 'número dos' de Pilar Llop ha asegurado que desde el Ministerio de Justicia han «cumplido con lo que las asociaciones nos venían reclamando» y que han mantenido «36 reuniones en 11 meses». «A esto los golpistas lo llaman incumplir», ha señalado para luego recalcar que «decir que ha habido falta de reuniones es una desvergüenza o un descaro».

Este parón 'sine die' de los LAJ es el resultado del conflicto laboral que mantienen desde hace meses con el Ministerio de Justicia y que les ha llevado a protagonizar ya huelgas puntuales -que obligaron a suspender juicios y declaraciones, incluidas algunas del conocido como 'caso Villarejo' en la Audiencia Nacional- y concentraciones.

El conflicto tiene su origen en «la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas», en especial la de 2015, lo que, denuncian, ha provocado un «insoportable desequilibrio».

Los convocantes llegaron a apelar a la «autoridad» de Pedro Sánchez, ante la «gestión insensible e irresponsable» del Ministerio dirigido por Pilar Llop. «Depende tan solo del Gobierno que usted preside aprobar las modificaciones de los Reales Decretos retributivos y el Estatuto Orgánico», instaron en un comunicado conjunto.