La ARMH rechaza los planes del Gobierno para que los ayuntamientos canalicen las políticas de memoria

«Someter a los familiares a la voluntad de una Corporación municipal es una forma de no garantizar de nuevo sus derechos y de colocarlos en medio de la lucha partidista», explicó el presidente de la ARMH, Emilio Silva.

Al respecto, los responsables de la asociación recordaron las diversas experiencias que han sufrido a lo largo de sus 20 años de trabajo relacionadas con «la puesta de obstáculos municipales» a la labor que llevan a cabo, desde el destrozo de lápidas civiles en el cementerio madrileño de la Almudena a los diversos incumplimientos en materia de retirada de símbolos y monumentos franquistas.

«No entendemos que el proyecto del Gobierno sea depositar en las corporaciones municipales la responsabilidad de aplicar políticas de memoria, porque si es así, el objetivo no es reparar a las familias sino crear oportunidad de disputa para los partidos políticos», aseguró Silva.

En ese sentido, la ARMH insiste en que «la puerta de entrada para los familiares de los desaparecidos» debe estar en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en todas las capitales de provincia y anuncia que presentará una queja por el incumplimiento de diversos acuerdos internacionales por parte del Estado si la nueva Ley de la Memoria Democrática que prepara el Gobierno continúa otorgando ese papel protagonista a la red de municipios de la Femp.

Cabe recordar que en el año 2002, el colectivo consiguió que el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU se ocupara por primera vez del caso de las víctimas del franquismo.

Paralelamente, la asociación prepara una batería de propuestas para cuando el texto de la nueva ley llegue al Congreso de los Diputados. Entre otras medidas, solicitará el establecimiento de un protocolo por el cual el Gobierno esté obligado a comunicar a todas las fuerzas políticas cualquier actividad pública que se lleve a cabo en relación con la memoria histórica.

«Esta memoria es de todos y debe ser trasversal a todas las fuerzas políticas, por eso es deber del Estado contar con todos los representantes públicos quieran o no quieran asistir. Un acto de un representante del Gobierno no se puede convertir en un acto de partido», concluyó Silva.