40 años de la tragedia del aceite de colza: más de 200 leoneses murieron envenenados

Familias enteras sufrieron -y todavía sufren- los efectos del consumo del aceite de colza en la primavera de 1981, cuando miles de garrafas se comercializaron para uso doméstico con un aceite desnaturalizado y que contenía anilina, una sustancia tóxica causante del envenenamiento masivo.

La mayoría de los afectados fueron familias de clase humilde y obrera de Castilla y León, Madrid y Castilla-La Mancha que compraban las garrafas a vendedores ambulantes a precios muy bajos y, en muchos casos, pensando que era de oliva. En la provincia de León, una de las más afectadas de España, la colza atacó a cientos familias, especialmente en las zonas de Sahagún y El Bierzo, y se cobró la vida de más de 200 personas de forma oficial, aunque se calcula que muchos más murieron por las secuelas derivadas.

El aceite de colza, que circuló durante meses sin ningún control por parte de las autoridades sanitarias de la época, supuso un auténtico reto para el sistema de salud. La primavera de 1981 se recordará por sus hospitales llenos de afectados, por la incertidumbre ante una enfermedad desconocida y por el reguero de muertes y secuelas que dejó a su paso la epidemia.

El 1 de mayo de 1981 se registró la primera víctima mortal por envenenamiento con aceite de colza, un niño de ocho años en Torrejón de Ardoz, Madrid, pero en ese momento no se conocía la causa real de su muerte.

El ministro de Sanidad de la época, Sancho Rof, comenzó a referirse a la enfermedad como «un bichito que, si se cae de la mesa, se mata». Después se habló de la 'enfermedad del legionario', pero otro cambio de parecer llevó a hablar de una neumonía atípica. No sería hasta junio cuando se encontró la clave: el consumo de aceite de colza desnaturalizado, pero el miedo a posibles contagios ya había calado en al sociedad.

Desde ese momento, la lucha que los enfermos seguían viviendo en los hospitales contra unas secuelas imprevistas, múltiples e incapacitantes se trasladó a las calles y los juzgados.

En marzo de 1987 se celebraba el primer macrojuicio en España. 38 empresarios se sentaron en el banquillo tras las protestas y movilizaciones de los afectados que reclamaban justicia y soluciones a una enfermedad que les incapacitaba de por vida.

No sería hasta 1989 cuando el Tribunal Supremo dictó sentencia para 13 de los 38 acusados. Sus declaraciones de insolvencia motivaron a las víctimas a exigir a las administraciones un reconocimiento de su negligencia que llevó a permitir la libre circulación de toneladas de aceite tóxico para el consumo humano. Así, en 1997, 16 años después de los hechos, el Estado fue declarado responsable civil subsidiario y obligado a indemnizar a las víctimas.

40 años han pasado de la tragedia que afectó a 1.073 leoneses censados de forma oficial, cuatro décadas que no han borrado las secuelas con las que día a día conviven los afectados y sus familiares y que han dejado sobre el aceite de colza una mancha negra, un producto estigmatizado en el imaginario español por ser el desencadenante del mayor envenenamiento en España.