San Andrés es el segundo municipio de Castilla y León con mayor número de facturas pendientes de pago

Un informe del departamento que dirige Cristóbal Montoro, recogido por Ical, constata que al cierre del año 2016, 83 consistorios y cinco instituciones provinciales debían a proveedores bienes por valor de 31,45 millones de euros, lo que supone un aumento del 9,2 por ciento respecto a 2015, o en términos absolutos, 2,64 millones de euros más.

Los cinco ayuntamientos que consignaron mayores cuantías en la 413 fueron Burgos (11,8 millones); San Andrés del Rabanedo (3,42); Salamanca (2,79); Palencia (1,24); Ponferrada (1,33); y Segovia (1,08). Las diputaciones estuvieron encabezadas por Valladolid, 2,29 millones; seguida por Ávila, con 1,81 millones; Salamanca, 72.900 euros; Segovia, 48.079 euros; y Burgos, 15.222 euros.

El Ayuntamiento de Burgos asumió más del 43 por ciento de la cuantía global registrada a nivel autonómico por los ayuntamientos, con 11,8 millones, y un aumento del 150 por ciento; y casi la totalidad de lo consignado a la cuenta 413 por los consistorios de la provincia (11,85 millones). En este sentido, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Burgos, Salvador de Foronda, destacó que el Consistorio burgalés no tiene ningún problema de liquidez porque terminó 2016, con 65 millones de euros en el banco; y defendió que cada una de las partidas consignadas a la cuenta 413 tiene una explicación. Asimismo, aseguró que la cuantía que maneja el Ministerio de Hacienda se debe minorar en 800.0000 euros, porque son tasas de la compañía de aguas que consignaron equivocadamente al Consistorio.

De Foronda aclaró a Ical, que la 413 incluyó la cuantía de dos pagos a la Junta de 2,2 millones de euros cada uno por el auditorio del Forum, que estaban «afectos» a patrimonio municipal de suelo, y como no se vendió, se abonan a través de la 413. Aclaró además que se produjo una retención de la factura de cementerio por doce meses, porque «el gerente dijo que incumplía el numero de trabajadores». Junto a éstas, también está la factura del final de autobuses y las retenciones de crédito de las inversiones sostenibles, que «había que cerrar a 31 de diciembre y como se había hecho los contratos, pasan pero no se habían pagado».

Los ayuntamientos de León fueron los segundos en volumen de facturas sin pagar, con 5,6 millones al cierre de 2016, con un descenso, sin embargo, del 49,4 por ciento. Esa bajada se produjo gracias al Consistorio de la capital leonesa, que debía 5,98 millones en 2015 y en 2016 esa cifra se había reducido a poco más de medio millón. Con todo, dos ayuntamientos leoneses, San Andrés del Rabanedo y Ponferrada, estuvieron entre los cinco con mayores cuantías consignadas a la cuenta 413, con 3,4 y 1,1 millones.

El portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Hacienda, Personal, Régimen Jurídico y Contratación de San Andrés del Rabanedo, tercer municipio en número de habitantes de la provincia leonesa, Santiago Blanco, explicó que el incremento en la cantidad consignada en la Cuenta 413, que al concluir 2016 alcanzaba los 3,4 millones se debe principalmente a la existencia de asuntos que estaban en vía judicial; en concreto, una sentencia desfavorable al Consistorio implica un pago de 1,9 millones.

A esa cantidad hay que sumarle 1,4 millones que se adeudan a Gersul, el consorcio que gestiona los residuos de la provincia leonesa, y que también corresponde a esa partida extrapresupuestaria. Sin esos dos grandes conceptos, remarcó el edil, las facturas pendientes de pago sumarían unos 300.000 euros.

Para el próximo ejercicio se prevé reducir notablemente la cifra de 2016, dado que se ha negociado el pago diferido de los 1,9 millones que deben abonarse a la empresa concesionaria de servicios que ganó el litigio que supuso la sentencia que establecía esa indemnización. En el caso de lo que se debe a Gersul, se ha establecido un convenio que determina una devolución anual.

Por lo que se refiere a Salamanca, los ayuntamientos de la provincia fueron los terceros de mayor consignación de facturas sin pagar, con 3,94 millones y un aumento del 99,4 por ciento si se compara con el cierre de 2015. El dato lo provocó el Ayuntamiento de la capital charra, que cerró 2016 con 2,79 millones, un 281,1 por ciento más que el año anterior.

El teniente de alcalde responsable de Hacienda en el Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Rodríguez Alonso, aseguró que la cuantía de la llamada «cuenta 413» se elevó en 2016 a 2,79 millones porque «hubo proveedores que presentaron sus facturas una vez cerrado el ejercicio contablemente», por lo que esas obligaciones deben recogerse en esa cuenta para luego ser abonadas.

En esta ocasión, como señaló Rodríguez, se debió a dos contratistas que se retrasaron en su facturación y la enviaron pasado el 31 de diciembre, por lo que esos datos se tuvieron que traslados ahí. En ese sentido dijo que «fue un problema de los proveedores de las empresas», pero aseguró que «las facturas ya fueron abonadas» y remarcó que el Ayuntamiento de Salamanca «es el segundo de Castilla y León que mejor paga a sus proveedores». Según los datos recogidos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Consistorio salmantino mejoró en enero de 2017 el plazo medio de pago a proveedores «hasta situarlo en 1,47 días antes de que empiece a contabilizar el plazo máximo para hacer efectivo el abono» que, según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, se inicia a los 30 días de registrarse la factura.

Las facturas que fueron a la cuenta 413 también crecieron en los ayuntamientos de Palencia, 1,32 millones de euros, un 27,2 por ciento; y Segovia, 1,16 millones, un 16,5 por ciento, impulsadas por ambas capitales de provincia. En la palentina (1,24 millones), crecieron un 42,9 por ciento; y en la segoviana (1,08), un 54,3 por ciento.

Por último y en el extremo opuesto, se situaron los ayuntamientos de Valladolid, con 1,14 millones en facturas pendientes y un descenso del 42,3 por ciento en comparación al cierre de 2015; los de Zamora, con 1,86 millones y una rebaja del 39,7 por ciento; los de Ávila, con 166.584 euros y una merma del 27,4 por ciento; y los de Soria, con 122.703 euros y una reducción del 11,3 por ciento.