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León
Miércoles, 20 de marzo 2019, 11:08
La dirección de Vox, liderada por el empresario leonés y número dos de este partido, Víctor González Coello de Portugal y el presidente de esta formación, Santiago Abascal, ordenaron a los líderes provinciales camuflar donaciones a través de testaferros, con el fin de ... evitar que los empresarios que dieran aportaciones se les vincula con este partido de extrema derecha.
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Estos hechos han sido conocidos después de la denuncia emprendida por el que fuera dirigente de Vox en Badajoz. El exalto cargo de este partido ha explicado este martes 19 de marzo a la Cadena Ser, que fue «entre el 15 y el 17 de diciembre de 2017, nos reunieron a todos los responsables provinciales del partido en Soto del Real; fueron las primeras jornadas de coordinación de Vox. Allí, el vicepresidente y responsable de captación de recursos del partido, Víctor González Coello de Portugal, se dirigió a los presentes indicándonos que debíamos ofrecer a los empresarios que quisiesen donar dinero a Vox una vía indirecta para hacerlo sin que su identidad se viese expuesta: utilizar testaferros, parientes o amigos».
Según Caldito, González Coello de Portugal planteó esa fórmula «ante los temores de que ciertos empresarios pudieran tener a la hora de que alguien pudiera conocer sus simpatías políticas y eso perjudicase sus perspectivas de negocio».
El que fuera dirigente de Vox en Badajoz, explicó en la SER, que el vicepresidente del partido Víctor González Coello de Portugal, «fue presentado ante los cargos provinciales del partido como alguien de la máxima confianza de Santiago Abascal».
Víctor González Coello de Portugal, fue condenado en enero pasado por el Tribunal Supremo a tres años de inhabilitación para administrar bienes ajenos y a «representar o administrar a cualquier persona». La Sala de lo Civil confirmó que el dirigente del partido de Santiago Abascal cometió «irregularidades contables relevantes» en la empresa Marmolería Leonesa, donde fue accionista y administrador único hasta 2014. El alto tribunal confirmó así una resolución de la Audiencia Provincial de León de enero de 2015.
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