Los acusados de no pagar 3.500 toneladas de carbón achacan a Iberdrola y un tercero de la causa

La causa, derivada del Juzgado de Cistierna, aborda el impago de tres contratos relacionados con tres facturas por la venta de 3.500 toneladas de carbón en el lavadero de la localidad. Una operación que nunca fue abonada, según denuncia la acusación, ya que se emitieron pagarés a cuentas bancarias sin fondos.

El primero de los acusados en prestar declaración, comisionista de la empresa Carbones Román, y que intermedió en la compra del mineral a Energy Fuel Asturias, confirmó que gestionó la llegada de las 3.500 toneladas a la campa de Prado de la Guzpeña, desde Avilés, con el objetivo de que el material acabara quemándose en la térmica de Velilla del Río Carrión.

Todo se desarrolló ante la «cierta premura» que, afirmó en la Audiencia, la eléctrica Iberdrola les había trasladado para «cubrir el hueco térmico ante el cierre de varios clientes» en cumplimiento del Plan del Carbón. «Había previsión de abonar los pagarés con lo que se facturase a Iberdrola».

Sin embargo, el «bloqueo» de las negociaciones con la eléctrica, con quien nunca se firmó ningún contrato, provocó que no existieran fondos para abonar las tres facturas que Energy Fuel había emitido y los pagarés que les entregaron iban dirigidos a una cuenta bancaria sin fondos. Posteriormente, firmaron un reconocimiento de deuda para «evitar males mayores» y no perder la relación comercial. Aunque, a día de hoy, todavía no se ha hecho frente a la deuda.

Además, según apuntó el comisionista, cuando intentaron devolver la mercancía a la compañía asturiana una tercera persona, también encausada en este juicio por la acusación particular, sustrajo el carbón que la empresa gestionada por los imputados tenía depositado en el lavadero de Prado de la Guzpeña. Por ello interpusieron una denuncia en 2016 que el juzgado sobreseía, tal y como señaló la fiscalía.

Mismos argumentos utilizó el propietario del lavadero, quien reconoció conversaciones con Iberdrola «que daban pie a ello» -firmar un contrato de venta del carbón que nunca se produjo- y que el pagaré no fue atendido «porque no había dinero».

Sobre la tercera persona involucrada, el acusado manifestó que «nos robó el carbón porque no había cobrado ninguna factura y se tomó la justicia por su mano», expuso a preguntas de las partes.

La fiscalía solicita penas de 4 años y 9 meses de prisión para cada una de las dos personas sobre las que ha formulado acusación, así como una indemnización de 350.000 euros a la persona que vendió el mineral.