La abstención de UPL impide la reprobación de Diez

Los once votos en contra del Partido Socialista, sumados a las seis abstenciones de Unión del Pueblo Leonés y del concejal lo adscrito, Ildefonso del Fueyo, impidieron este viernes la aprobación en el pleno municipal del Ayuntamiento de León de la moción de reprobación al alcalde, José Antonio Diez, «por su gestión contraria al interés general», que fue presentada por el Partido Popular y que contó con el apoyo de Vox, lo que hizo un total de diez votos a favor.

La moción, registrada la pasada semana por el Grupo Municipal del PP, supuso una respuesta al informe sobre el control financiero del Consistorio emitido por la Intervención Municipal y que pone de relieve, según el portavoz 'popular', David Fernández, «una serie de negligencias e irregularidades en la gestión de Diez al frente del Ayuntamiento».

Por este motivo, defendió el debate de la misma «por responsabilidad con los leoneses», ya que «la oposición tiene obligación y deber legal fiscalizar acción del Gobierno», así como «por coherencia» ante «las irregularidades que la Intervención Municipal pone de relieve» y «en defensa de los intereses generales de los leoneses conculcados por parte alcalde y equipo de Gobierno», al que acusó de «incurrir de forma recurrente en situaciones irregulares en la contratación», aunque «no se sabe si por incapacidad o negligencia».

«Este pleno y la moción se sustentan en un texto que según el alcalde es un informe de parte y eso es un escándalo. Díganos si está acusando de algo al interventor del Ayuntamiento, porque parece que es uno de los alumnos más aventajados del presidente del Gobierno. Si un juez abre causa, investiga o condena a alguien relacionado con le presidente, Sánchez acusa a los jueces de connivencia con la oposición o fascistas y si intervención municipal acusa de irregularidades, Diez acusa de incumplimientos o informes de parte», afirmó David Fernández, para quien al alcalde de León «no le importa desprestigiar a funcionarios para salvar sus muebles, tal y como hace Sánchez».

Para el portavoz del PP municipal, Diez «miente cuando dice que los informes son incompletos y de parte», al tiempo que «ha intentado todas las maneras posibles hurtar oposición de su conocimiento», mientras que «desde que los conoce ha emprendido carrera para subsanar irregularidades», tal y como ocurrió esta misma mañana con «el inicio, después de 31 meses y un millón de euros de pérdida, del desbloqueo de la gestión del aparcamiento subterráneo de San Marcelo».

En esta misma línea, la edil de Vox, Blanca Herreros, aseguró que toda la corporación «conoce que se producen irregularidades en la práctica de la gestión municipal», por lo que se mostró «sorprendida» de que el PSOE «critique abiertamente el informe del interventor, cuando todos saben que el contenido es exactamente lo que está sucediendo». Sobre UPL, reconoció no «extrañarse» por el hecho de que «se hayan puesto de perfil como cooperadores necesarios».

La abstención votada por los cinco ediles de Unión del Pueblo Leonés fue clave para que la moción de reprobación no prosperara. Esta decisión se debió, tal y como expuso su portavoz, Eduardo López Sendino, a que «aunque haya de reprochar determinadas actitudes al equipo de Gobierno, no se guarda la debida proporcionalidad en la presentación de la moción», ya que, según el Tribunal Supremo, la reprobación a un servidor público se llevará a cabo «siempre que se haga de modo ponderado y guardando la debida proporcionalidad».

Sendino se mostró consciente de los «errores y determinadas irregularidades» cometidos en la gestión diaria del Ayuntamiento de León, a cuyo equipo de Gobierno reprochó «falta de agilidad». Sin embargo, le recomendó al portavoz 'popular' que «es mejor que no haga el ridículo por un minuto de oro» y recordó que durante los ocho años anteriores en los que gobernó el PP «no se reprobó al alcalde a pesar de la nefasta gestión», ya que «en ocho año solo se hicieron dos obras, como fueron la remodelación de la calle Astorga y de la Plaza del Grano». A ello añadió que «en el momento en el que se produjo el incendio en el edificio consistorial de Ordoño II, la póliza del seguro del estaba sin pagar y se pagó la misma noche del incendio», y que mientras que «el millón y pico de euros pagado por el seguro tenía que ser para la reconstrucción plantas perdidas», el PP «lo metió en la buchaca».

Para el portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista y concejal de Régimen Interior, Recursos Humanos, Movilidad y Deportes, Vicente Canuria, la moción de reprobación presentada por el PP se trata de «un vil intento de paralizar la gestión municipal por su incapacidad de hacer una oposición constructiva y de anteponer el interés ciudad al suyo propio y partidista» frente a un equipo de Gobierno «refrendado por más de 874 expedientes de contratación aprobados en 2024, 188 de ellos contratos mayores, avalados en todo momento por los técnicos municipales», a pesar de que «hayan surgido problemas, distimientos, renuncias o errores».

«Una tentativa de paralizar gestión amparada en mentiras y medias verdades», respecto a la que Canuria mostró su deseo de «conocer los intereses existentes tras unas afirmaciones que no responden a la realidad del trabajo del equipo de Gobierno por una lectura torticera y falsa» ante unos 'populares' a los que acusó de ser «creadores de bulos». Asimismo, aseguró que estos «conocían que el informe estaba incompleto y plagado de afirmaciones que serán necesario cotejar», de forma que «nada tiene que ver con la realidad del trabajo correcto, ajustado a la norma y al procedimiento, de los distintos servicios municipales».

Sobre este informe de control financiero emitido por el interventor, el socialista quiso dejar claro que «no puede ser que no cuente con un expediente que lo sustente, ni aporte datos para evaluar su impacto o determine medidas correctoras», de forma que «solo corresponde a opiniones personales». Por ello, avanzó que se exigirá que «se cumplan los trámites necesarios para que los informes cumplan con su función» y, una vez completado, «será una hoja de ruta para la gestión municipal».

«Pueden haberse cometido errores en la gestión municipal, pero siempre respetando el interés general, la transparencia y la legislación vigente, por lo que no cabe ninguna reprobación ni se justifican las graves acusaciones que, sin fundamento ni base, se expresan para justificarla en un incompleto informe de parte», concluyó Vicente Canuria.

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