Más de medio centenar de abogados se han dado cita en las escaleras de los Juzgados de León para reclamar una pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) desde las mutualidades privadas, las cuales eran obligatorias hasta 1995 para ejercer la profesión. La reclamación, ... que estaría afectando hasta 2000 abogados y 500 procuradores en la provincia, nace de las exiguas pensiones -de hasta menos de 400 euros al mes- que le quedarían a estos profesionales una vez jubilados.
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En 2005 al Tribunal Supremo permitió que los abogados que cotizaran a la mutualidad también lo hiciesen al RETA, sin embargo esta medida no ha sido suficiente para que abogados y procuradores con más de 40 años cotizados accedan a pensiones dignas. El caso de Amador Pérez, abogado leonés da buena cuenta de ello: «Tras 41 años cotizados me quedan 460 euros de pensión».
El Movimiento J2, cuyas concentraciones se han replicado en casi todas las provincias del país este jueves, reclama que las aportaciones realizadas a la mutualidad de la abogacía pasen a cotizar en el RETA. «De esta manera, podamos cobrar el 100% de la pensión de la Seguridad Social sin que nos regalen nada», declaró Pilar Pérez, representante de los abogados.
Mutualidad obligatoria hasta 2005
Hasta el año 1995 la afiliación a la Mutualidad General de la Abogacía y de la Procuraduría era obligatoria y de facto hasta el 2005. A partir de esa fecha, se posibilitó a los colegios de los profesionales que se pudieran adscribir al Régimen General de la Seguridad Social como autónomos. Ninguno lo solicitó y obligatoriamente, hasta el año 2005, cuando los Abogados y Procuradores comenzaron a ejercer, tenían que darse de alta en la mutualidad y abonar un seguro médico privado porque, en la de abogados y procuradores, no se incluía la sanidad
En este mismo sentido, los abogados denuncian que ellos tuvieron que cotizar con las mutualidades y pagar un seguro médico privado porque de no haberlo hecho «no se nos habría permitido ejercer nuestra profesión» y «no teníamos acceso a asistencia sanitaria». Pilar Pérez denuncia que la pensión de jubilación no es la única partida «indigna» que afecta a los abogados y procuradores de León, sino que aquellos que cotizaron a las mutualidades les quedan pensiones de viudedad por «tan solo 100 euros», no tienen derecho a baja laboral «más de seis meses» y tampoco pueden acceder «a la subvención de los medicamentos».
Enfado con los colegios de abogados
Por último, los abogados también critican el mal asesoramiento que se ha hecho desde los Colegios de Abogados. Pilar Pérez explica que en 2005 muchos no hicieron el trasvase al RETA porque «los colegios de abogados nos decían que era mejor quedarse en la mutualidad, que cobraríamos hasta 2.000 euros de pensión».
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A este respecto, el Colegio de León ha querido dejar constancia del trabajo que, en consonancia con el Consejo de la Abogacía Española y el Consejo de la Abogacía de Castilla y León, «está llevando a cabo para conseguir unas condiciones dignas de jubilación para sus profesionales».
El decano de los abogados de León añadió este jueves, a través de un escrito, que «el Colegio comprende y comparte la intranquilidad de quienes se encuentran en esta tesitura, a quienes se quiere trasladar su absoluto compromiso con la mejora de la situación de los colegiados y de sus condiciones de jubilación».
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