Los 40.000 voluntarios leoneses tendrán que presentar un certificado negativo de antecedentes penales

Una normativa que afectará a los más de 40.000 voluntarios con los que cuenta la provincia de León, el 20% de la Comunidad que alcanza los 200.000 euros. Un anuncio que realizó este lunes la consejera de Familia, Alicia García, en el marco de su visita al centro de Cruz Roja de León, la mayor entidad de voluntariado de Castilla y León.

Una normativa con la que la Junta demuestra su compromiso con la acción voluntaria, “entendida como una potente herramienta de acción social”. En este sentido, García recordó que el objetivo es aprobar la nueva ley en Consejo de Gobierno antes del verano.

“Su misión será mejorar el actual marco normativo del voluntariado, reforzándolo y adaptándolo a las necesidades del voluntariado del siglo XXI con el fin de promover y facilitar la participación solidaria de la ciudadanía en actuaciones de voluntariado realizadas a través de entidades de este tipo”, remarcó la consejera.

En este sentido, García avanzó que la normativa contará con cuatro grandes objetivos o novedades. En primer lugar, se busca la promoción de un voluntariado abierto a toda la ciudadanía, de todas las edades y lo largo de las distintas etapas de la vida, desde el voluntariado social, ambiental, cultural, deportivo y de protección civil.

También amplía el ámbito de actuación del voluntariado al incluir voluntariados como el corporativo, el de empresa, el institucional o el de las administraciones públicas. Una normativa que además incorpora una regulación expresa para menos de edad, introduciendo la necesidad de autorización expresa por padres o tutores para que los menores entre los 12 y los 16 años puedan ser voluntarios, ya que a partir de 16 no se necesita autorización expresa.

En segundo lugar, el nuevo marco normativo busca un voluntariado más moderno, recogiendo los nuevos tipos de voluntariado basado en las nuevas tecnologías, como el que se preste a distancia gracias a las tecnologías de la información y comunicación, el conocido como voluntario tecnológico o digital.

La tercera novedad se encuentra en la pretensión de mejorar la situación y protección del voluntariado, por lo que se introduce en los casos de conflicto una ley de arbitraje o el el derecho a la protección de los datos de carácter personal conforme a la legislación presente tanto para el voluntario como para la persona destinataria a dicha acción.

La cuarta y última gran línea de este Proyecto de Ley pasa por lograr un voluntariado seguro, para ello se recogen aspectos como la exigencia de aportar el certificado negativo de antecedentes penales relativo a la existencia de condenas por sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata o explotación de menores, en el caso de que la actividad del voluntario se produzca de forma habitual con menores.

Asimismo, se introduce la prohibición de ser voluntario a los condenados por la comisión de los delitos de violencia doméstica o de género, por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad en indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos, o por delitos de tráfico ilegal o de inmigración clandestina de personas o por delitos de terrorismo, si fueran a participar como voluntarios en este tipo de programas, cuyos destinatarios puedan ser personas que hayan sido víctimas de esos delitos.

Del total de asociaciones, más del 50 por ciento son del ámbito de la acción y los servicios sociales, seguido de las de fomento del voluntariado, con un diez por ciento y las de ocio y tiempo libre, con un 8,2 por ciento.

Jornada de trabajo que sirvió para realizar un balance sobre la actividad conjunta de Junta y Cruz Roja que permitió atender a 18.000 personas en el conjunto de la Comunidad durante el 2017, año en el que se registraron 8.439 procesos de acogida, y se atendieron a 1.200 refugiados.

Entre los programas que se desarrollan, el presidente de Cruz Roja Española en Castilla y León, José Varela, cito el de atención a familias y personas en situación de vulnerabilidad, que llegó a 8.439 beneficiarios. Las entregas de alimentos fueron 293, con un descenso sostenido desde 2015, y las personas drogodependientes a las que se prestó servicio fueron 2.400.

En los centros de emergencia para víctimas de violencia de género se acogió a 158 mujeres, 132 menores y dos personas dependientes y en actuaciones vinculadas a la infancia incidió en la dificultad para lograr familias de acogida para grupos de hermanos, mayores de 12 años y niños con enfermedades graves o discapacidades.

En materia de empleo, se logró un 36% de inserción para los participantes en itinerarios socio-laborales para perceptores de Renta Garantizada y un 54 por ciento en el caso de los itinerarios integrales para otras situaciones de exclusión.