La Audiencia juzga este lunes al proxeneta de un club de alterne de Valdearcos que se enfrenta a 23 años de cárcel

Según las calificaciones previas, los hechos tuvieron lugar entre los años 2015 y 2018, cuando el acusado facilitaba la entrada a España de mujeres de Paraguay aprovechándose de su precaria situación económica. Las víctimas, tanto ellas como sus familias, aceptaban la oferta y viajaban hasta nuestro país con la esperanza de ofrecer a sus hijos un futuro mejor.

Para ello, contaba con una estructura de apoyo en el país sudamericano que tramitaba su llegada a España, haciéndoles entrega de un pasaporte y dinero en efectivo, que le era retirado a su llegada al club.

Allí, eran obligadas a ejercer la prostitución sin contrato ni seguro médico hasta hacer efectivo el pago de una deuda de 3.000 euros derivados de su viaje, exigiéndolas el abono además de 50 euros en concepto de indemnización, contando para ello, al menos en una ocasión, de la colaboración de una mujer de origen paraguayo.

El 7 de junio y por orden judicial, agentes de la Policía Nacional practicaron la entrada y el registro del club y de la vivienda del acusado, localizándose 7.000 euros procedentes de la actividad ilícita de la explotación de las víctimas.

La investigación tuvo su origen en las informaciones recibidas del Agregado policial de Brasil en España, según las cuales la Policía brasileña habría interceptado a dos mujeres de nacionalidad paraguaya que podían encajar en el perfil de víctimas de trata de seres humanos.

Inmediatamente, agentes de la Policía Nacional especializados en este delito organizaron un dispositivo para comprobar la información recibida, lo que les llevó a la detección de las dos mujeres y la posterior desarticulación de la organización que se encargaba de recogerlas en el aeropuerto y trasladarlas hasta León, donde eran explotadas en el ejercicio de la prostitución en un club de alterne.

El Ministerio Fiscal entiende que los hechos son constitutivos de cuatro delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, cuatro delitos de determinación coactiva a la prostitución y un delito de favorecimiento a la inmigración ilegal.

Por todo ello, solicita para el dueño del club una pena conjunta de 23 años y medio de prisión así como la prohibición de acercarse a una distancia inferior de 100 metros de las cuatro testigos protegidos.

Alternativamente, el fiscal entiende que se aprecia un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros, solicitando una pena de cinco años de cárcel y una multa de 11 meses a razón de 10 euros diarios. A la testigo protegido nº, el fiscal le pide seis años de cárcel así como la prohibición de acercarse a su familiar. Alternativamente, le pide dos años y seis meses de cárcel.

Asimismo, el Fiscal establece la clausura definitiva del local de alterne e impone a los dos acusados el pago de una indemnización de 7.000 euros a una de las víctimas mientras que el titular deberá pagar 6.000 euros a otras tres víctimas –los testigos protegidos nº1, 3 y 18-.

Las víctimas eran captadas en sus países de origen por medio de una extensa red de colaboradores que se encargaba de localizar a mujeres en situación económica muy precaria, incluso con cargas familiares, problemas de salud o en la más absoluta pobreza. Les ofrecían la posibilidad de venir a España a ejercer la prostitución a cambio de obtener enormes beneficios, lo que les permitiría salir de la situación en la que se encontraba.

Una vez que las jóvenes aceptaban, eran informadas de la deuda que habían adquirido con la organización, una elevada suma de dinero por realizar las gestiones necesarias para organizar su viaje, que deberían abonar a su llegada ejerciendo la prostitución. La organización se encargaba de proporcionar los billetes y documentos necesarios y de aleccionar a las víctimas sobre cómo comportarse, vestirse o responder a las preguntas que les pudieran hacer en los controles fronterizos, con el fin de parecer turistas y no ser devueltas a su país.

A su llegada a España eran recogidas en el aeropuerto por miembros de la organización que las trasladaban sin dilación hasta el club de alterne en el que iban a trabajar, en la provincia de León. Inmediatamente eran despojadas de su pasaporte, para mantenerlas controladas permanentemente y asegurar el pago de la deuda que habían adquirido con la organización.

Para un mayor control, estaban obligadas a residir en el mismo lugar en el que ejercían la prostitución, y tenían prohibido abandonar el recinto sin el expreso consentimiento de los explotadores, que las acompañaban en todas sus salidas; tampoco podían elegir con quién compartir habitación.