Escándalo cárnico en León: nueve empresarios acusados de distribuir carne sin garantías

La Fiscalía solicita pena de entre siete y dos años y media de prisión y la inhabilitación para dedicarse a una profesión relacionada con la alimentación durante un periodo de hasta seis años.

Según las calificaciones previas a las que ha tenido acceso leonoticias, el 2 de diciembre de 2010 el Seprona de la Guardia Civil inició una investigación con la que pudieron determinar que los nueve acusados realizaban una serie de conductas en relación con productos cárnicos que ocasionaban un grave riesgo para el consumo humano.

El principal acusado, propietario de una empresa cárnica situada en San Andrés del Rabanedo, contaba con unas dependencias anexas a una carnicería dedicada al sacrificio de ganado ovino sin contar con la pertinente autorización administrativa y sin garantizar las mínimas garantías de salubridad.

Para aparentar que la carne si contaba con todos los requisitos legales y sanitarios necesarios utilizaba un sello que imitaba al oficial del matadero de León, distribuyendo posteriormente esa carne a consumo humano a sabiendas que no contaba con etiquetado, caducidad o registro sanitario.

Así se determinó durante varias inspecciones realizadas en diferentes fechas en los años 2011, 2012 y 2014 en las que la Guardia Civil decomisó hasta 1.247 kilos de carne en mal estado. Por todo ello, el Ministerio Fiscal solicita una pena de cuatro años de cárcel por delito contra la salud pública y otros tres por falsificación continuada. Además le impone una multa de dos años a razón de diez euros al día y la inhabilitación de seis años para profesión relacionada con alimentación.

La trama

Un procedimiento que seguían otros ocho empresarios leoneses, algunos propietarios de cárnicas o de empresas de distribución así como el dueño de un restaurante en Valdevimbre. Todos ellos distribuían o comercializaban con carne sabiendo que carecían de las garantías mínimas.

La Fiscalía solicita penas de entre cuatro y dos años y medio de prisión para cada uno de ellos hasta sumas los 20 años por un delito contra la salud pública. Asimismo se enfrenta a diferentes multas y penas de inhabilitación de hasta seis años.

Defensa

Por su parte, la defensa del cabecilla de la trama apela a la rareza y extravagancia del inicio del proceso sorprendente y anómalo por ser una denuncia anónima y telemática de una vecina que ya no existe la que desencadena la investigación por parte de la Guarida Civil.

De ahí que señale que se trata de una pseudo denuncia o denuncia falsa y por tanto no hay hechos probados o concluyentes. Es más, remarca que nunca se ha podido demostrar la existencia de un matadero ni tampoco el sacrificio de ganado, que se realizaban en mataderos autorizados, negando, por último, la existencia de un sello manipulado.

Por todo ello, la letrada, que niega que su cliente se dedicase a la distribución al por mayor de carne sino a la venta de productos de carnicería, solicita la libre absolución de su cliente.

Mismo argumento de los otros ochos acusados que niegan los hechos y se muestran disconformes con el relato del Ministerio Fiscal, remarcando que su clientes no eran conscientes de que estuvieran distribuyendo carne sin permisos legales y sanitarios.