La norma que enfrenta al sector de las gasolineras

La situación incomoda a unos y a otros. Los defensores de las gasolineras automáticas creen que la normativa cercena la libertad de empresa y va en contra del beneficio de los consumidores, mientras que los representantes de las gasolineras tradicionales, satisfechos con la ley, denuncian sin embargo que no se está cumpliendo. Dos posturas enfrentadas y dos visiones muy distintas de una misma realidad difícil de cuantificar. No coinciden ni en las cifras. Mientras que la Agrupación de vendedores al por menor de carburantes y combustibles de Castilla y León (Avecal) cifra en unas 150 las gasolineras de este tipo en la región, los representantes de Ciudadanos, único partido en votar en contra de la ley, estiman que son en torno a 40. Desde Avecal matizan: «Hay algunas que tienen una persona durante el día y que por la noche están completamente desatendidas». Y en medio de todo esto se sitúan las cooperativas agrarias, que tradicionalmente prestan en las zonas rurales un servicio atendido en horario laboral (de 8:00 a 20:00 horas) y automático fuera del mismo, y a las que ahora la ley obliga a disponer también de una persona si permanecen abiertas por la noche y en fines de semana, o abstenerse de dispensar carburante a los clientes no socios. Desde la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl), consideran que «la normativa perjudica claramente a los intereses del cooperativismo agrario, del medio rural y de los consumidores en general», como explica su director, Jerónimo Lozano.

Las gasolineras sin personal suelen atraer a los clientes permitiéndoles ahorrarse unos céntimos por cada litro de carburante. El vicepresidente de la patronal Avecal, Rafael Pizarro, advierte sin embargo de que la denominación low cost (bajo coste) para este tipo de gasolineras no está bien utilizada, ya que «no significa que las estaciones de servicio que están desatendidas sean las más baratas». «No estamos en contra de las low cost, cada uno puede poner el precio que quiera, estamos en contra de las desatendidas», explica. A pesar de que el asunto está regulado en Castilla y León por un proyecto de ley, desde Avecal consideran que la inmensa mayoría de las instalaciones siguen incumpliendo la normativa, «incluso después de que la patronal y los sindicatos hayamos mandado una carta al presidente de la Junta y a los delegados de las nueve provincias». «Es realmente bochornoso, máxime cuando es una ley que se aprobó por el 94% de los representantes de los ciudadanos en las Cortes», exclama Pizarro, quien considera que la Junta «tiene que hacer cumplir la ley, que no es de estaciones de servicio sino de consumidores, por lo que afecta a todos los castellanos y leoneses».

Inspecciones y sanciones

Desde la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León aseguran que desde que la ley entró en vigor se han realizado un total de 24 inspecciones tras las que se han abierto 17 expedientes sancionadores, 11 de ellos por falta de personal, concretamente en las provincias de Burgos, Salamanca, Soria y Valladolid. «Las inspecciones siempre se han hecho igual, comprobando una serie de requisitos a los que ahora se ha añadido uno más», señala la directora general de Comercio y Consumo, Irene Núñez.

Uno de los cinco procuradores que votaron en contra de la ley fue David Castaño, de Ciudadanos, que tras la aprobación ha seguido formulando preguntas al respecto en los plenos regionales. Él aporta su visión en materia legislativa: «Sin entrar en la cuestión de si hace falta o no una persona responsable en un surtidor, entendemos que legislativamente es un despropósito». Castaño explica que «se ha vaciado de contenido una normativa básica como es la Ley de Hidrocarburos a través de una normativa autonómica como es el Estatuto del Consumidor, y eso supone incumplir el principio de jerarquía normativa». «El problema es que luego puede que haya que tumbar la ley y que las personas que han invertido un montón de dinero en tener este tipo de instalaciones pidan una indemnización, y esa indemnización tiene que pagarla la comunidad». En este sentido, desde la formación naranja llaman a la prudencia y piden dejar la legislación «en barbecho».

Pero la problemática no es solo de Castilla y León. Madrid, Navarra, Asturias, Baleares, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia y la Comunidad Valenciana también han legislado al respecto. El pasado mes de agosto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió un informe que criticaba las «barreras desproporcionadas» que algunas comunidades autónomas ponían a las gasolineras sin personal y recomendaba eliminar toda normativa al respecto. «Y Castilla y León es la única que tiene la medallita de haber legislado después del aviso», ironiza Castaño. La Consellería de Economía de la Generalitat Valenciana acaba de anular una legislación similar y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares emitió en febrero una sentencia que declaraba nulo un decreto sobre la materia.

Tres razones principales

Entre los argumentos que la normativa esgrime para establecer la obligatoriedad de contar con al menos un empleado destacan las razones de seguridad y medio ambiente, la defensa del empleo y la correcta atención a las personas con discapacidad.

«Toda la seguridad es poca», asegura Rafael Pizarro, de Avecal. «Los aviones tienen piloto automático, pero siempre hay una persona controlando. Cuando hablamos de un tema de riesgo siempre tiene que haber alguien por si acaso, esto no es una máquina de refrescos», explica. Sin embargo, el argumento medioambiental no parece convencer a Ciudadanos: «Nadie ha demostrado que exista ningún peligro más allá de que se almacena gasolina. Pero si lo vemos así, enfrente de mi casa aparca mucha gente con depósitos llenos de gasolina y también es un peligro, porque si viene un loco y prende fuego todo salta por los aires», compara.

El presidente de la Asociación nacional de estaciones de servicio automáticas (Aesae), Manuel Jiménez, añade que la seguridad no es competencia de las comunidades autónomas. «Alguien que está en España tiene que estar seguro repostando en cualquier comunidad», defiende.

Por su parte, el director de Urcacyl, Jerónimo Lozano, explica que «por razones de seguridad todas las cooperativas tienen que pasar muchos controles e inspecciones. Las medidas de seguridad son las mismas, igual que la adaptación para personas con discapacidad. Hay que tener en consideración que una persona que conduce un coche no es un discapacitado total, sino parcial. Lógicamente, no se puede poner un poste a una altura inadecuada».

La atención a personas con discapacidad tampoco es justificación para Ciudadanos. «¿Quiénes somos para impedir a una persona que tiene una discapacidad repostar en una gasolinera automática y aprovecharse de unos céntimos de descuento? ¿No será mejor adaptar las gasolineras que poner un empleado?», explica el procurador. En la misma línea se expresa el presidente de la asociación de gasolineras automátcas, quien añade que «en el metro, en el cine o en los comercios no hay un trabajador ayudando a las personas con discapacidad a moverse, sino que tienen accesos adaptados. En las estaciones automáticas los surtidores están adaptados también».

La tercera razón es la destrucción de empleo, pero este argumento no convence a las cooperativas. «Es llamativo que los sindicatos se hayan unido a esta causa y que no digan ni mu cuando en las estaciones de servicio con muchos surtidores solo hay una persona y se dedica a cobrar. Ahí sí que se han perdido miles y miles de puestos de trabajo», asegura Lozano. Manuel Jiménez, defensor de las estaciones automáticas, compara situaciones: «¿Cuántos puestos de trabajo se han perdido por la automatización de los bancos o de la venta de billetes de transporte y nadie ha dicho nada? ¿Por qué tenemos que soportar nosotros esta persecución?».

Rafael Pizarro, de Avecal, lo ve de otra manera. «Una instalación que consiste en poner una máquina como se pone un gallinero para ir a recoger los huevos todos los días, no solo no crea empleo, sino que destruye el empleo que hay alrededor», explica.

El procurador David Castaño reconoce que «efectivamente se ha destruido empleo, pero también se perdió mucho al pasar de las gasolineras convencionales a las de autoservicio. Si es una cuestión de desempleo vamos a hacer que tanto las desatendidas como las de autoservicio sean todas atendidas».

Recursos

La asociación de cooperativistas presentó el pasado mes de enero una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) ante las Cortes de Castilla y León para modificar esta ley. El 17 de marzo se abrió un plazo de nueve meses para recoger las alrededor de 20.000 firmas necesarias para que la iniciativa prospere. «Tenemos el convencimiento de que esto saldrá adelante, que se modificará el Estatuto de los Consumidores para volver a una situación que estaba establecida y que además está regulada a nivel nacional», asegura Jerónimo Lozano. Por su parte, Manuel Jiménez comenta que la Comisión Europea ha admitido a trámite una denuncia de la Aesae porque entiende que la normativa autonómica va en contra de la libertad de mercado. «Y saben que como pierdan van a pagar todos los gastos que nos han hecho generar a los empresarios».

De momento, la que rige es la normativa que está en vigor. Una propuesta de ley que desde sus inicios ha generado mucha protesta y que a día de hoy sigue dividiendo al sector.