Un magistrado y dos juzgados más en la capital, las exigencias del TSJ para León

Así, tras tildar de insuficiente la recomendación del CGPJ, enumeró la necesidad de crear dos plazas más en Ávila (un juzgado de Primera Instancia e Instrucción y un Juzgado de lo Penal), tres en Burgos (un Juzgado de lo Social y otro de lo Mercantil, y en el partido judicial de Miranda de Ebro un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción); dos en León (una plaza de magistrado en la Sección Penal de la Audiencia Provincial y un Juzgado de Violencia sobre la Mujer); una plaza más en Palencia (un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción), y dos en Salamanca (un Juzgado de lo Penal y un Juzgado exclusivo Mercantil).

Asimismo, en Valladolid, Concepción ve necesarias dos plazas judiciales más, en concreto, un Juzgado de lo Social y, en el partido judicial de Medina del Campo, otro Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Finalmente, en Zamora, considera básica la creación de un Juzgado de lo Penal y en el partido judicial de Benavente, un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción.

En este sentido, recordó que como en los últimos años la política adoptada por el Ministerio de Justicia no ha posibilitado la creación de ninguna de ellas, se han tenido que adoptar diversas medidas de refuerzo en muchos órganos judiciales de este territorio. Además, recordó que el CGPJ aconsejó el pasado año la creación de nueve plazas judiciales en Castilla y León que en este momento, dijo, se advierten imprescindibles.

Se trata de un Juzgado de lo Penal en Segovia, dos Juzgados de lo Social y un Juzgado de Primera Instancia (Familia) en León, un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en el partido judicial de Aranda de Duero (Burgos), así como cuatro plazas de magistrados en las Audiencias Provinciales de Ávila, Salamanca, Segovia y Valladolid.

Caen los asuntos ingresados

Por otro lado, subrayó que los datos estadísticos recogidos en la Memoria de 2016 muestran por primera vez un descenso importante en cuanto al número de asuntos ingresados en los órganos judiciales de este territorio. Ello coincide con lo sucedido en todo el territorio nacional, dijo, donde los asuntos se redujeron un 31,4 por ciento.

Asimismo, destacó que el número de asuntos en trámite en los tribunales de la Comunidad ha descendido de manera significativa en relación con los que existían al finalizar el pasado ejercicio. Si entonces hablábamos de 99.362, al finalizar 2016 existían 84.893, expuso, lo que ratifica el trabajo considerable que realizan los jueces y magistrados, que por regla general son capaces de resolver el trabajo que ingresa en los tribunales, alabó.

Concepción también se refirió a que la media de asuntos registrados en todos los órganos judiciales de Castilla y León gira en torno a los 390.000 litigios. Unos años, como el 2014, la superamos ligeramente; y otros como el 2013 o el 2015 no la alcanzamos, recordó, y apuntó que en 2016, la cifra ha descendido hasta los 273.637 asuntos.

En este sentido, señaló que Castilla y León ha registrado una tasa de litigiosidad ligeramente inferior a la medida nacional con 111,8 asuntos iniciados por cada mil habitantes (la media es de 124,9 por cada mil habitantes) y que el descenso en el volumen de registro de los asuntos ha sido común en todas las jurisdicciones.

Así, en el orden civil, mientras que en el año 2015 se registraron 124.720 asuntos durante el pasado 2016 ingresaron 103.928; un descenso del -12.35 por ciento. De igual modo, en los órdenes penal, contenciosos administrativo y social los números han descendido. En penal, mientras que en 2015 se registraron 240.108 asuntos, el pasado año ingresaron 143.308 (96.800 asuntos menos, lo que equivale a un 40,3 por ciento menos).

Ello se debe, según explicó Concepción, a la entrada en vigor de la reforma de la LECrim que evita remitir los atestados sin autor conocido a los Juzgados, que antes eran sobreseídos en sede judicial y que aumentaban significativamente el volumen de lo registrado. En el orden contencioso, frente a los 8.639 asuntos registrados en 2015, ingresaron 7.340 procedimientos un 15 por ciento menos. Y en el social, frente a los 21.150 asuntos de 2015, se registraron 19.061 (un 9,8 por ciento menos).

Asuntos resueltos

Frente a ello, expuso, el nivel de resolución ha experimentado una ligera variación, determinada por las necesidades. Durante 2016 los juzgados y tribunales de Castilla y León han resuelto 291.810 asuntos. En el orden civil, ingresaron 124.720 asuntos y se resolvieron 117.655 (4.936 más que en 2015); en el orden penal, ingresaron 143.308 asuntos y se resolvieron 145.644 (101.232 menos que en 2015); en el orden contencioso-administrativo han ingresado 7.340 asuntos y se han resuelto 8.824 (2.560 menos que en 2015); y en el orden social, ingresaron 19.061 asuntos y se resolvieron 19.687 (3.923 más que el pasado año).

Por tanto, resumió que mientras que en lo civil las cifras han aumentado en lo que a resolución se refiere en comparación con el pasado año, en los demás órdenes jurisdiccionales se ha producido un ligero descenso, aunque precisó que en cualquier caso, siempre se han resuelto más asuntos que los que han ingresado.

Por lo que se refiere al número de sentencias dictadas por los jueces y magistrados que sirven en Castilla y León, el total asciende a 78.173 (2.368 menos que el pasado año), lo que supone una media por órgano judicial de 338,41 sentencias (frente a las 350,18 del pasado año). Además, se han dictado u total de 129.448 autos frente a los 212.796 del pasado año.

Finalmente, Concepción consideró que a la vista de estos datos, la carga de trabajo que soportan jueces y magistrados es aún muy elevada y superior a la deseable si se quiere, dijo, una justicia ágil, eficaz y eficiente. En definitiva, concluyó, pese al descenso en el registro de asuntos que se ha disfrutado en 2016, el índice de resolución ha sido muy similar y la jurisdicción civil ha visto incrementado su trabajo de forma muy significativa.