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n. barrio
Sábado, 18 de marzo 2017, 12:16
Una vez que pasa el tiempo, el recuerdo se vuelve más nítido. Detalles, conversaciones y conclusiones que, en este caso, pueden ayudar a esclarecer un atentado que nunca debió suceder.
Los días previos al atentado yihadista en la embajada española en Kabul en 2015, una cuadrilla de operarios estuvo realizando diversos trabajos en el edificio, como apunta una información obtenida por el diario El Español.
Como se recordará, en el fatal suceso perdió la vida el policía leonés Gabi San Martín. Ahora, Exteriores ha remitido a la Audiencia Nacional las identidades de los operarios que estuvieron haciendo obras en la azotea de la embajada hasta un día antes del atentado talibán de 2015, como señala la información de El Español.
Así, familiares y compañeros de las víctimas piensan en una posible implicación de los operarios por razones que invitan, como poco, a la sospecha.
«Gabí tenía sospechas sobre la cuadrilla y, el primer día que fueron, impidió el paso de uno de ellos», señala Estefanía Vera, viuda de Gabi. sospechan de estos obreros afganos y su presunta implicación en el ataque. Cuando los terroristas entraron en la embajada, varias planchas metálicas que cubrían la azotea habían sido retiradas. Así, los terroristas pudieron parapetarse allí para mantener el asedio desde una posición dominante.
De hecho, los operarios desinstalaros unas placas metálicas que facilitaron el ataque mortal, por lo que se añaden fundamentos a la investigación.
La seguridad ya estaba en entredicho
Todo estaba escrito y avisado de antemano. Un informe con el que contaba el Ministerio de Interior en 2008 ponía la alerta sobre la seguridad en la embajada española en Kabul (Afganistán), que años después sufriría el terrible.
El informe, según recogen medios como La Sexta o La Razón, avisaba del riesgo de una «intrusión no deseada» como consecuencia de las deficiencias de seguridad en el interior del edificio.
El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que se encuentra investigando por homicidio imprudente al entonces embajador en Kabul, Emilio Pérez de Ágreda, y a su número dos, Oriol Solá, pidió al Ministerio de Asuntos Exteriores todos los informes en su poder sobre la seguridad en la embajada.
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