Interior contaba con un informe que alertaba de falta de seguridad en la embajada de Kabul

El informe, según recogen medios como La Sexta o La Razón, avisaba del riesgo de una «intrusión no deseada» como consecuencia de las deficiencias de seguridad en el interior del edificio.

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que se encuentra investigando por homicidio imprudente al entonces embajador en Kabul, Emilio Pérez de Ágreda, y a su número dos, Oriol Solá, pidió al Ministerio de Asuntos Exteriores todos los informes en su poder sobre la seguridad en la embajada.

Tres riesgos genéricos

Como apunta La Razón, en septiembre de 2008 los expertos en seguridad de la Policía enviados tres meses antes a Kabul por Interior a petición del propio embajador avisan tras analizar el perímetro, los accesos y las medidas en vigor de tres riesgos genéricos: la comisión de un atentado terrorista, la generación de daños sobre el inmueble «mediante artefactos explosivos u otros sistemas» y la «presencia no controlada en el interior de la sede». Unas advertencias que, desgraciadamente, siete años después se demostraron proféticas.

Interior consideró entonces «conveniente el cambio de ubicación de los edificios que componen la embajada de España en Afganistán a una zona más amplia, con perímetro de seguridad». En caso contrario, enumeraba un buen número de medidas a adoptar «encaminadas a disminuir los riesgos existentes». Exteriores buscó durante meses otro emplazamiento para la legación diplomática, pero todos los esfuerzos resultaron estériles y, finalmente, optó por incrementar las medidas de seguridad en un clima de «gran inquietud e inseguridad general» por el «alto riesgo de comisión de ataques terroristas contra intereses españoles». Y es que nuestro país, reconocía la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, era «objetivo prioritario de los grupos terroristas islámicos».