El CES, preocupado por la posibilidad de que las ayudas públicas fomenten la deslocalización de empresas

El CES también subraya la «gravedad» que entraña este fenómeno. «Además muchas de estas empresas reciben ayudas públicas que deberían contribuir a la creación de puestos de trabajo duraderos y no a favorecer la deslocalización que pretendemos evitar», añaden.

Igualmente, el CES quiere sumarse a las reiteradas propuestas sobre que en las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, del Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, se incluyan medidas jurídicas para garantizar que las empresas que reciban financiación europea no la utilicen para la deslocalización de sus actividades.

«Consideramos muy acertado el dictamen del CESE sobre 'Alcance y efectos de la deslocalización de empresas', de julio de 2005, en lo concerniente a la deslocalización dentro de la Unión Europea, que establece: 'Es necesario considerar la posibilidad de incluir criterios de financiación comunitaria que garanticen que solo reciban ayudas las empresas que inicien una nueva actividad o línea de negocio y no las que se limiten a deslocalizar los productos o los servicios existentes dentro de la Unión'», explican.

Para Castilla y León sería «importante», según el CES, que las empresas que hayan recibido ayudas públicas o que hayan despedido personal, incumpliendo la legislación nacional e internacional, y que hayan procedido a la deslocalización dentro de la Unión Europea, «no tengan derecho a obtener ayudas públicas en su nuevo territorio de actividad».

El CES considera que «para evitar que se transfieran unidades de producción de una región o país a otro de la UE con el único fin de obtener ayudas europeas, sería conveniente el impulso de un código de conductas europeas, determinando los principios y buenas prácticas sobre esta materia, conforme a lo que establece el 'Marco de Calidad de la UE para la Anticipación del Cambio y la Reestructuración'».

A tiempo de salvar el carbón

El CES de Castilla y León comparte con el Cese, en su dictamen 'Los recursos autóctonos de carbón en la transición energética de la UE', que es preciso un período de transición de entre 25 y 50 años que «permita elaborar un plan de apoyo a los territorios que dependan de la producción del carbón para reestructurar su industria».

«En Castilla y León hay miles de familias que dependen directa o indirectamente de la explotación del carbón, que en cifras del CESE alcanza el millón de personas si se hace extensiva al resto de la Unión Europea, de ahí que sea necesario que todos los agentes implicados alcancen un acuerdo», añade.

El CES de Castilla y León entiende que el dictamen del Cese «es un primer paso para abrir este debate, al que no debemos renunciar, instando a la negociación entre los diferentes Gobiernos, Bruselas y los interlocutores sociales y presentar un acuerdo coherente en Europa».

«Sabemos que las cuencas mineras deben prepararse para la supresión progresiva de la producción del carbón, pero es necesario que se haga a través de un plan de apoyo, de la creación de un marco institucional y político adecuado para impulsar las inversiones públicas y privadas necesarias para su reestructuración», afirman.

Consideran que hay que estudiar «revertir la decisión de la Comisión Europea de eliminar las ayudas a la industria en 2018 y poder abordar un régimen transitorio con diferentes medidas para adaptar la minería, lo que podría ser perfectamente compatible con el Acuerdo de París de 2015 sobre el Cambio Climático».