La Junta estima un pago de 10 millones por las sentencias contra la congelación de tarifas de ITV

En su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para explicar el impacto del fallo judicial, Del Olmo aseguró que esos diez millones suponen un ahorro para los ciudadanos después de que en 2014 la Junta rebajara en 11 euros la tarifa -recurrida pero favorable en ese caso a la administración- y avanzó que su departamento trabaja en una nueva redacción del sistema de revisión de tarifas para garantizar la calidad del servicio y que «los ciudadanos paguen lo justo».

La consejera explicó que la actualización de las tarifas de ITV conforme al IPC que se realizaba desde 1991 ha resultado «inadecuada» por un incremento de las tarifas en un 203,72 por ciento en este periodo y un coste en torno al 20 por ciento por encima de la media del conjunto de las comunidades para el usuario de Castilla y León.

Ante ese 'sobrecoste', señaló que se procedió a la congelación de las tarifas durante los años 2012, 2013 y 2014 sin aplicar el aumento anual con el objetivo de «velar por los intereses de los ciudadanos». Del Olmo recordó que contra dicha orden se interpusieron recursos contenciosos administrativos por la Asociación de Empresas Concesionarias de ITV de Castilla y León (AECYL) y una de las empresas concesionarias, estimados por el TSJ y confirmados por el Tribunal Supremo, correspondiente a 2012, aunque añadió que ese fallo judicial no implica un coste directo para la administración.

10 millones

La consejera estimó que las sentencias por la congelación de las tarifas de 2013 y 2014 también serán desfavorables a la Junta y afirmó que la Dirección General de Industria y Competitividad estima un pago de 10 millones de euros para todas las empresas concesionarias por las tarifas recurridas, unos 7,65 millones corresponden a la empresa concesionaria por los tres ejercicios. El fallo favorable al recurso de Itevelesa del año 2012 supondrá el abono de 1.434.652 euros por la administración.

En 2014, la Junta decidió restaurar el sistema inicial de revisión de precios contemplado inicialmente en el contrato -en función de la evolución económica de la concesionaria-, cuya vigencia es hasta 2019, lo que supuso que un turismo diesel pagara en el año 2015 por la ITV 48,4 euros frente a los 59,52 que pagaba antes, con un ahorro de 11,1 euros y que el ahorro sea de 10 millones anuales, indicó la consejera.

Sin embargo, subrayó que esta última orden también ha sido recurrida ante el TSJ por varias entidades concesionarias y sus accionistas, aunque añadió que en esta ocasión se ha dado la razón a la Junta, aunque el fallo no es firme aun, al considerar adecuado a derecho la disminución en las tarifas.

Chapuza y error

Todos los grupos de la oposición calificaron de «error» la privatización del servicio y de «nefasta» la gestión del mismo por la Junta, que no compartió el 'popular' Raúl de la Hoz, que recordó la dificultad de prestar este servicio en una Comunidad dispersa y recordó como en Castilla y León existen 39 estaciones con un millón de inspecciones al año y en Madrid son 17 con 1,5 millones de inspecciones.

«Es una chapuza», calificó el socialista José Francisco Martín, que se remontó a las etapas de gobierno de José María Aznar y de Miguel Pérez Villar -condenado por el caso de la minería-, del que dijo que privatizó el servicio y dio la concesión a la empresa de la que era propietario. Martín rechazó que los ciudadanos de Castilla y León se hayan ahorrado 10 millones por la reducción de tarifas en 2014, como dijo Del Olmo, y dudó de que el pago por las sentencias desfavorables sean la cifra que estima Economía y Hacienda.

Raúl de la Hoz defendió todo el proceso administrativo y subrayó que el servicio de ITV en Castilla y León es el mejor de España, pero pidió a la Junta que abra una negociación con las empresas concesionarias para ver como se compensa por la pérdida de la congelación de las tarifas.

Por su parte, José Sarrión (IU) criticó que se privatizara el servicio y censuró que las tarifas aplicadas fueron «antisociales» y hubo un «maltrato» a los trabajadores, que, en su opinión, protagonizaron una «huelga heróica» en el verano de 2015. Como una gestión «mal desarrollada» se refirió José Ignacio Delgado (Ciudadanos), mientras que Ricardo López habló de una «actuación desastrosa» para los ciudadanos y la Administración y preguntó por los pasos que se darán a partir de ahora.

La consejera argumentó que el sistema concesional no supone que se preste el servicio con menor calidad ni que sea más caro para el usuario, rechazó la reversión a la administración y declinó entrar en la conexión entre Itevelesa y el PP, denunciada por el socialista.